Investigación en Madrid por agresión simbólica a un muñeco del presidente Pedro Sánchez

Seis personas imputadas por amenazas contra el presidente Pedro Sánchez tras agredir simbólicamente a un muñeco suyo en Madrid.

Archivo - Decenas de personas durante la entrada del año nuevo en la calle Ferraz, a 1 de enero de 2024, en Madrid (España). Diego Radamés - Europa Press - Archivo

El Juzgado de Instrucción Número 26 en Madrid ha imputado a seis individuos por un supuesto delito de amenazas dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los incidentes tuvieron lugar el último día del año 2023, cuando un muñeco representando al presidente fue agredido y colgado frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Según un documento judicial, al que Europa Press tuvo acceso, la juez Concepción Jerez ha convocado a los seis implicados para que presten declaración como investigados el próximo 9 de octubre a las 12:00 horas, tras una denuncia interpuesta por el PSOE.

Esta medida se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid, en julio, instruyera la reapertura del caso al aceptar un recurso de la Fiscalía, que se oponía al archivo inicial de la causa por parte de la jueza.

«No puede apreciarse en este momento que tales amenazas tengan justificación suficiente en el libre ejercicio de la libertad de expresión, por más que se produjeran dentro de una manifestación de protesta cuya legitimidad, a priori, no parece discutible, independientemente de la ideología política que se encuentre detrás de su organización», afirmó la Audiencia de Madrid. A pesar de ello, rechazó la solicitud del PSOE de elevar el caso a la Audiencia Nacional o de investigar también posibles delitos de odio o injurias.

La jueza, que había cerrado el caso en febrero argumentando que «la falta de educación no es delito» y que las declaraciones de aquel día «no constituyen incitación al odio ni al presidente del Gobierno» ni al PSOE, y «por tanto no deben ser perseguidas» por la Justicia, ahora reabre la investigación para clarificar «la naturaleza del hecho presuntamente delictivo», notificando a la Fiscalía y advirtiendo a los imputados que deben «designar abogado de su elección o bien solicitarlo del turno de oficio para poder ejercitar su derecho de defensa».

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