La asociación de derechos humanos Irídia ha presentado ante el Comité contra la Tortura de la ONU un caso de presuntas torturas sucedidas en 2017 en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona.
La reclamación, a la que ha tenido acceso Europa Press, se dirige contra España, país que ratificó la Convención contra la Tortura en 1987 y que reconoció la competencia de este comité para tramitar y analizar denuncias individuales.
Según el escrito, los hechos se produjeron el 21 de septiembre de 2017, cuando alrededor de 15 internos, entre ellos los dos demandantes, aguardaban frente a una puerta para acceder a la zona de máquinas expendedoras situada en el vestíbulo.
En el momento en que los agentes abrieron la puerta, los internos entraron de manera repentina y los policías interpretaron que intentaban fugarse, por lo que “comenzaron a agredirlos con porras”.
La organización sostiene que, aunque algunos internos corrieron hacia la enfermería, “los agentes los siguieron y continuaron los golpes, utilizando porras, puñetazos, patadas y arrastrando a los internos por el suelo” y que después los separaron y los mantuvieron confinados entre la sala de medicación y una celda de aislamiento, donde permanecieron unas 3 horas sin recibir atención médica.
Posteriormente, siempre según la demanda, los trasladaron uno a uno a los aseos “donde los agentes les obligaron a desnudarse, les golpearon con porras y puños, y les sometieron a abusos verbales, incluyendo insultos racistas”.
El escrito también afirma que otro grupo de internos, que no llegó a acceder al vestíbulo pero escuchó las supuestas agresiones y empezó a golpear la puerta, igualmente fue sometido a torturas: los funcionarios les dirigieron insultos racistas y “se les obligó a desnudarse, a hacer sentadillas y fueron golpeados con sus propios zapatos”.
Irídia sostiene que los golpes no tenían como finalidad impedir una evasión, sino que “la violencia contra los internos se utilizó como castigo por su conducta previa, a pesar de que ya no representaban ninguna amenaza para la seguridad de las instalaciones”.
Además de las lesiones físicas, como hematomas y abrasiones recogidas en distintos informes médicos, la actuación policial habría generado en los internos un fuerte sufrimiento psicológico, miedo, ansiedad e insomnio, derivados del trauma y del temor a posibles nuevas represalias.
Deportaciones y archivo judicial
Irídia asumió la representación legal de tres de las personas afectadas y los hechos se denunciaron ante la justicia, pero todos los demandantes fueron deportados antes de que se les pudiera tomar declaración y antes de que se practicara un reconocimiento médico-forense.
La entidad critica que, pese a que se abrió una causa penal en el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, esta acabó archivándose por la ausencia de declaración de las víctimas, una diligencia que, según subrayan, “no se pudo practicar precisamente porque los juzgados no tomaron ninguna medida necesaria para frenar la deportación”.
En uno de los casos fue posible retomar el contacto con la víctima, pero, ante la imposibilidad de que regresara a España para declarar, el procedimiento judicial no avanzó. En relación con los otros dos afectados, Irídia agotó las vías disponibles, incluido un recurso ante el Tribunal Constitucional, que fue inadmitido.
Reclamación ante la ONU
Ante este escenario, la organización ha optado por acudir a la ONU con la intención de poner de relieve una “falta de investigación efectiva y de garantías para las víctimas de maltrato” en contextos de privación de libertad dentro de los CIE.
En su petición, Irídia solicita que se obligue al Estado español a llevar a cabo una investigación exhaustiva, que se procese a los presuntos responsables y que se asegure una reparación adecuada a las víctimas, además de exigir la adopción de medidas para impedir que hechos similares vuelvan a producirse.