La asociación catalana de derechos humanos Irídia sostiene que se está produciendo un bloqueo sistemático en los juzgados que estaría destinado a “obstaculizar” la investigación sobre el supuesto espionaje con el 'software' Pegasus a personas vinculadas al independentismo, debido a la falta de ejecución de las Órdenes Europeas de Investigación (OEI).
En una rueda de prensa este miércoles en el Col·legi de Periodistes de Cataluña, convocada para detallar la situación actual de los procedimientos judiciales relacionados con el presunto espionaje con Pegasus, la entidad ha explicado que una de las diligencias “esenciales” que deben practicarse son precisamente las OEI.
En relación con NSO Group, con sede en Luxemburgo, han remarcado que esta vía es la única forma de hacer llegar la querella a los directivos de la compañía presuntamente responsable de desarrollar y comercializar Pegasus, así como de reclamarles información y poder tomarles declaración.
Tres tipos de actuaciones judiciales
La coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella, ha explicado que en los juzgados de instrucción de Barcelona se han topado con tres tipos de situaciones que, a su juicio, están llevando al archivo o a la paralización de líneas de investigación clave.
La primera se da en procedimientos en los que, pese a que las personas afectadas han pedido la OEI, el juzgado ha optado por archivar el caso sin llegar siquiera a pronunciarse sobre si era necesaria, lo que interpretan como una “negativa a realizar una investigación efectiva” de los hechos denunciados.
La segunda casuística afecta a aquellos asuntos en los que las víctimas han solicitado una OEI y los juzgados la han admitido, pero no han impulsado ninguna gestión posterior, dejando el trámite bloqueado “durante meses o incluso años”, como ocurrió en la causa que implica a exdirigentes de la CUP, donde la tramitación permaneció paralizada durante un año y medio.
La tercera, que Irídia considera la más grave y de la que han identificado 5 casos, se refiere a OEI aceptadas y tramitadas, pero con fallos de calado, como, por ejemplo, enviarlas sin firmar. Cuando el juzgado de Luxemburgo ha reclamado subsanar o ampliar información, el órgano instructor de Barcelona “no responde nunca más”.
“Falta de respuesta reiterada” y causas fragmentadas
Según Irídia, de estos 5 procedimientos, en uno el juzgado de Luxemburgo ha acordado el archivo por ausencia de contestación desde Barcelona (el que afecta al abogado Andreu Van den Eynde); en otro, la justicia luxemburguesa ha lanzado un “ultimátum” a su homólogo barcelonés para que responda, y en los otros 3 sigue emitiendo requerimientos que continúan sin respuesta.
La entidad pone el foco en la “falta de respuesta reiterada” del Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona, al que las autoridades de Luxemburgo han remitido más de 4 solicitudes de cooperación judicial sin obtener contestación.
Olivella también ha criticado la dispersión de las distintas causas en varios juzgados, en contra de lo que pedían las personas afectadas. Aunque los procedimientos han quedado repartidos entre 6 juzgados de instrucción de Barcelona, afirma que en todos ellos se topan “con los mismos obstáculos” para llevar a cabo una investigación efectiva, lo que, a su entender, provoca una situación de indefensión.
Contexto internacional y papel de las empresas
La especialista en Pegasus de Irídia, Cèlia Carbonell, ha recordado que, aunque los hechos investigados se sitúan entre 2017 y 2020, el uso de Pegasus en el Estado español se remontaría “como mínimo a 2015”.
La experta ha señalado que, en fechas recientes, Polonia ha procesado a dos exaltos cargos por el presunto uso de Pegasus y que Grecia ha dictado “un veredicto histórico” condenando a directivos de la empresa que comercializaba el 'spyware' Predator, en contraste con la actitud del Estado español, del que afirma que está bloqueando la investigación de Pegasus.
Ha añadido que el precedente griego resulta especialmente relevante porque respalda una de las tesis de Irídia: que investigar a las compañías que venden este tipo de herramientas, que desempeñan un papel mucho más activo del que admiten y operan en entornos marcados por la “opacidad”, puede permitir obtener pruebas incriminatorias tanto contra gobiernos como contra servicios de inteligencia.