Iryo ha confiado al despacho de abogados Uría Menéndez el asesoramiento global sobre todas las cuestiones vinculadas al accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), entre ellas la reclamación patrimonial por los daños ocasionados.
Fuentes de la operadora señalan a Europa Press que se trata del bufete con el que colabora habitualmente y que, en este caso concreto, asumirá la asistencia jurídica en cualquier asunto relacionado con este siniestro, en el que uno de sus trenes descarriló y colisionó con un Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario.
Este mandato, avanzado por Expansión, se enmarca en la fase de instrucción que desarrolla el Juzgado número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba).
La matriz de Iryo, la pública italiana Ferrovie dello Stato (Trenitalia), ya comunicó en su último informe de resultados que se había personado en la causa como acusación particular, decisión que fue aceptada por la jueza y que implica reconocer a la compañía la condición de “perjudicado”.
En un escrito redactado en inglés, la empresa indica que la investigación preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a una rotura de la vía como causa principal del siniestro, y subraya que la responsabilidad del mantenimiento de la infraestructura recae en Adif, la entidad pública española encargada de la red ferroviaria.
La compañía italiana recalca además que, hasta la fecha, no se ha imputado penalmente a ninguna parte y que Ilsa, la sociedad con sede en Valencia propietaria de Iryo, ha solicitado intervenir en el procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado de Montoro.
Otras personaciones en la causa
Respecto a la otra operadora ferroviaria, la francesa Ouigo, la magistrada rechazó su solicitud de personación al no considerarla perjudicada directa del accidente, según consta en una diligencia de ordenación de 7 de abril a la que tuvo acceso Europa Press, si bien cabe recurso de reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia.
La jueza tampoco admitió la personación de los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría, del partido político Iustitia Europa ni del Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro).
Por el contrario, sí autorizó la personación como actor civil de la Junta de Andalucía, que únicamente podrá reclamar gastos extraordinarios y daños derivados del siniestro, aunque sin facultad para solicitar pruebas ni diligencias de instrucción.
Asimismo, la magistrada aceptó la intervención del Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Vox, Asociación HazteOir.org, Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Asociación Víctima de los Políticos y Asociación Liberum, condicionando su personación a la prestación previa de una fianza de 3.000 euros por cada una de las acusaciones.