La asociación jurídica Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a raíz de la ofensiva sorpresa lanzada el pasado 28 de febrero contra territorio iraní.
De acuerdo con un comunicado difundido y recogido por Europa Press, la entidad pide a la Fiscalía del TPI que investigue “la posible responsabilidad penal individual” de Trump y Netanyahu “en el momento de los hechos”, por “la presunta comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión, tipificados en el Estatuto de Roma”.
Iustitia Europa detalla en su escrito dos episodios centrales. En primer lugar, el ataque contra la escuela femenina de Minab, en la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán, que habría causado alrededor de 180 fallecidos. En segundo término, la muerte de un sacerdote maronita durante una acción militar del Ejército de Israel contra la localidad de Qlaya, en el sur de Líbano.
Según la denuncia registrada, estos sucesos “podrían constituir violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo ataques contra población civil, ataques contra bienes de carácter civil --como instalaciones educativas-- y homicidios de personas protegidas”.
La organización también reclama que la Fiscalía valore si la operación militar iniciada el 28 de febrero contra Irán podría suponer “un acto de agresión contrario a la Carta de las Naciones Unidas, al haberse producido presuntamente sin autorización del Consejo de Seguridad”.
En el mismo comunicado se subraya que “Iustitia Europa recuerda que el Tribunal Penal Internacional tiene competencia para examinar comunicaciones presentadas por cualquier persona u organización en virtud del Artículo 15 del Estatuto de Roma, siendo la Fiscalía la única autoridad competente para determinar si existe base razonable para abrir un examen preliminar”, insisten.
Asimismo, destacan que la cuestión sobre el alcance de la jurisdicción de la Corte —incluida la relativa a Estados que no han ratificado el Estatuto de Roma— “forma parte del examen jurídico que corresponde realizar exclusivamente a la Fiscalía y, en su caso, a las Salas de la Corte, de conformidad con el propio Estatuto”.
Petición de una investigación independiente por parte del TPI
En esta línea, el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, aclara que el objetivo principal es que la Fiscalía del TPI lleve a cabo una evaluación autónoma y técnica de los hechos descritos en la denuncia.
“El Tribunal Penal Internacional fue creada precisamente para examinar los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional. Cuando existen indicios de ataques contra civiles, contra niños o contra personal humanitario, corresponde a las instituciones internacionales analizar los hechos con independencia y rigor”, argumenta.
Pardo resalta que el escrito presentado “no pretende realizar un juicio político, sino poner en conocimiento de la Fiscalía hechos que podrían constituir crímenes internacionales y que deben ser investigados conforme al derecho internacional”.
En sus palabras finales, insiste en que “es un llamado a la acción, instando a la Fiscalía a actuar en nombre de la humanidad y a no permanecer en silencio ante la barbarie. Iustitia Europa cumple con un deber cívico y moral de informar sobre hechos concretos que podrían constituir los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. La justicia es un deber ineludible ante la historia y las víctimas”, concluye.