El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha reiterado que aún “no entiende” por qué se ha incoado un procedimiento contra él y contra otros dos directivos de la siderúrgica por la venta de acero a Israel. Ha subrayado que, hasta hace seis meses, creía firmemente en la Justicia y en que esta “perseguía a los delincuentes hasta el final”, mientras que “la gente honrada e inocente podía ir a dormir tranquilamente”.
Jainaga ha remarcado, además, el “desacuerdo absoluto” de la Fiscalía con el registro de la sede de Sidenor en Basauri, llevado a cabo el pasado mes de febrero, una actuación que el Ministerio público tildó de “inadecuada y desproporcionada”. A su juicio, el despliegue policial fue excesivo: “No hacía llegar con 15 furgones cargados de gente encapuchada”.
La semana pasada, la defensa del máximo responsable de Sidenor presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional en el que reclama la nulidad de la entrada y registro en las instalaciones de Basauri (Bizkaia). En el recurso se sostiene que el auto del juez Francisco de Jorge imponía “gravísimas medidas limitativas” que suprimían “de un plumazo” derechos fundamentales del empresario, sin aportar “un mínimo indicio razonable” que avalara la presunta comisión de delitos de contrabando y de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio, por la venta sin autorización de partidas de acero a la empresa Israel Military Industries (IMSI).
El escrito de la representación legal de Jainaga se presentó después de que la propia Fiscalía solicitara igualmente la nulidad de la entrada y registro, diligencia a la que ya se había opuesto en su momento. El Ministerio público planteó también que se descartara de la investigación la supuesta participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o, de forma alternativa, de genocidio, y que el procedimiento se centrara, en su caso, en esclarecer si se produjo un posible delito de contrabando.
“La conciencia tranquila” y críticas al registro
Durante su intervención en un encuentro del Foro Capital organizado por Fundación Vital en Vitoria, este lunes, Jainaga ha afirmado que en Sidenor tienen la conciencia “perfectamente tranquila” y ha recalcado que ya han entregado “todas las pruebas” de que los productos exportados a Israel “cumplían de la manera más estricta con la legalidad, que no formaban parte de la lista de productos que necesitan una autorización previa, o más bien, que es lo que dice la ley, comunicar al Gobierno que estás exportando”.
“Todavía no entendemos por qué estamos metidos en ese lío. No sé si hay otros intereses. La verdad es que, si te dedicas a pensar en eso y te torturas, no trabajas”, ha señalado el presidente de Sidenor, dejando entrever su malestar por la situación judicial que afronta.
Al referirse de nuevo al registro en Basauri, ha aludido al escrito de la fiscal del caso, en el que esta expresa “un desacuerdo absoluto con la posición tomada por el juez” al considerar que la medida fue “inadecuada y desproporcionada”, dado que la información requerida se podría haber obtenido simplemente solicitándola a la empresa, que ya se había mostrado dispuesta a facilitarla.
Por este motivo, Jainaga interpreta que, cuando el Ministerio público califica la entrada y registro de “desproporcionada”, está aludiendo a que “para pedir informaciones de emails o de papeles, no hace falta llegar con 15 furgones cargados de gente encapuchada”. A su entender, “en el mundo de hoy, no se entiende, pero es así”, y ha añadido que no quiere “darle más vueltas, porque no merece la pena torturarse”.
El presidente de Sidenor ha reconocido que “hay algunas instituciones públicas y privadas” en las que no cree “desde hace mucho tiempo”. Y ha confesado que, “en la Justicia, hasta hace seis meses, creía firmemente. Creía que la Justicia va a perseguir a los delincuentes y lo va a hacer hasta el final, pero que la gente honrada y la gente inocente puede ir a dormir tranquilamente todos los días. Hasta hace seis meses pensaba eso”.