Javier Herrero, ex director general de Carreteras, se ha distanciado de cualquier implicación en las presuntas irregularidades durante su declaración en el ‘caso Koldo’ ante la Audiencia Nacional, negando la participación en la trama de adjudicación de obras públicas a cambio de comisiones. Según Herrero, las consultas de Koldo García, exasesor, eran por encargo de José Luis Ábalos para maximizar el rendimiento político de las obras durante la campaña de elecciones municipales.
En su testimonio como imputado, Herrero explicó que siempre proporcionó a García información que ya era de dominio público cuando este le preguntaba sobre los procesos de adjudicación. Afirmó que sus interacciones con García se debían al interés de este último en las futuras licitaciones, y enfatizó que la información compartida buscaba beneficiar a Ábalos durante períodos electorales.
Herrero también defendió que García no tenía influencia sobre las decisiones de adjudicación y que su relación con él y Ábalos comenzó solo al ser nombrado para el cargo, aunque conocía previamente a Isabel Pardo de Vera, quien también está siendo investigada y había declarado justo antes que él.
Mala Relación con Saura
Respecto a su capacidad en los procesos de contratación, Herrero indicó que su rol era principalmente técnico, aprobando contratos antes de la licitación, pero sin influencia en la adjudicación final. Relató una tensión significativa con Pedro Saura, ex secretario de Estado, especialmente sobre el proyecto del Puente del Centenario en Sevilla, que complicó su relación y llevó a Herrero a considerar la renuncia.
Durante la investigación, se reveló un mensaje de WhatsApp de Herrero a García en abril de 2019 con la palabra ‘Bingo!!! En Logroño’, relacionado con una adjudicación importante, explicando Herrero que esto se refería a la resolución de un problema en el contexto electoral. Posteriormente, ha trabajado como consultor, incluido para Aquaterra, mencionada en la trama investigada.
En cuanto al supuesto ‘impuesto’ del PSOE, Herrero comentó que, aunque se le sugirió realizar una donación al partido, nunca completó ningún formulario ni realizó tal contribución. Tras su declaración, se impusieron medidas cautelares, incluyendo la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte, bajo la acusación de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, aunque sin considerar riesgo de fuga.