QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha expresado su descontento por la ‘falta de paridad’ en el liderazgo de las salas del Tribunal Supremo con la elección de Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas para presidir las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo, respectivamente. Además, mencionan ‘resistencias’ para que mujeres magistradas logren posiciones de alta jerarquía en el ámbito judicial.
La asociación de tendencia progresista reaccionó este miércoles a la confirmación de ambos magistrados por la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras la retirada de las candidatas Ana Ferrer y Pilar Teso, respaldadas por el sector conservador.
‘Constituye un paso atrás en las políticas de igualdad que debieran caracterizar el quehacer de esta institución, pues ha provocado que de nuevo la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo tenga una composición mayoritariamente masculina’, comunicó la asociación mediante una nota recogida por Europa Press.
Con estos nombramientos, de las cinco salas del Tribunal Supremo, ‘sólo hay una presidenta (Sala Social), mientras que las otras cuatro (Civil, Penal, Contencioso y Militar) las presiden hombres’, lo cual es una ‘proporción inaceptable, que desconoce el art. 599.1.4ª LOPJ, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres’, señala JJpD.
‘El mensaje que transmite el órgano de gobierno del Poder Judicial es desolador, dado que debe ser el primero en cumplir la Constitución y las normas a las que todo poder público está sujeto. El principio de legalidad exige un comportamiento leal que no ha existido’, critican desde JJpD.
SITUACIÓN ‘INACEPTABLE’
Para JJpD, esta circunstancia es ‘inaceptable’, especialmente porque esperaban que ‘el actual CGPJ tenía intención de superarla’ y también porque existían ‘candidatas de incuestionable currículo, mérito y capacidad, reconocido por todas las instancias que evacuaron informe, que se han visto obligadas a renunciar ante el innegable e injustificado veto de las y los vocales conservadores’.
‘Las políticas de igualdad son imperativas porque, como se ha demostrado en este caso, siguen existiendo resistencias inadmisibles a que se produzcan nombramientos femeninos en los más altos cargos judiciales con el fin de equilibrar el número de magistradas en puestos de relevancia’, enfatizan.
Finalmente, la asociación reafirma su compromiso de ‘exigir que esas políticas se cumplan’ y pide al CGPJ que ‘no abandone la búsqueda de una presencia real y efectiva de magistradas y juezas en los puestos de mayor responsabilidad judicial’, ya que ‘solo de esta manera se cumplirá con el principio de legalidad’.
La relevancia de estos nombramientos es crucial ya que la Sala de lo Penal es responsable de investigar y juzgar a aforados, incluyendo miembros del Gobierno, senadores y diputados –como José Luis Ábalos–, entre otros altos cargos, como el fiscal general; en tanto que la Sala de lo Contencioso-Administrativo supervisa la legalidad de las decisiones del Ejecutivo mediante los recursos interpuestos.
