Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha expresado nuevamente este miércoles su oposición al proceso de regularización de jueces sustitutos promovido por el Gobierno, en el contexto de la reforma del acceso a la carrera judicial, solicitando que se separe de dicha reforma para facilitar un debate parlamentario ‘sosegado’. Esta demanda surge en respuesta a una enmienda del PSOE al proyecto de ley, que según JJpD, intensifica un proceso ‘discriminatorio’.
‘Volvemos a solicitar que se desgaje este proceso extraordinario de la reforma. Sólo con la tramitación sosegada y transparente que permita abordar con la adecuada planificación y valorando todas las opciones disponibles podrá alcanzarse una solución a un problema complejo en beneficio de la ciudadanía y de la carrera’, enfatizó JJpD en un comunicado.
Además, JJpD ha solicitado al PSOE una reunión urgente tras descubrir que han propuesto mediante una enmienda que los jueces sustitutos sean asignados al Tribunal Superior de Justicia más cercano, una propuesta que consideran ‘inaceptable’. La enmienda, según JJpD, ‘ahonda hasta hacer inasumible, discriminatorio y profundamente disruptivo’ el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos.
La enmienda del PSOE establece que ‘quienes accedan a la carrera judicial o fiscal quedarán adscritos, respectivamente, al Tribunal Superior de Justicia o a la Fiscalía de la comunidad autónoma de su último nombramiento como persona sustituta o suplente o de su residencia al tiempo de publicarse la convocatoria del proceso de estabilización, a elección de la persona de nuevo ingreso’, y añade que ‘no podrán concursar en los cinco años siguientes’.
Para JJpD, permitir que los jueces sustitutos se adscriban a los tribunales donde ya servían ‘es una medida que no tiene justificación’, ya que ‘provoca la ruptura del principio de igualdad dentro de la carrera judicial, cercena los derechos a la movilidad profesional de los miembros que ya están en la carrera profesional, y afectará al normal desarrollo de la planta judicial’. Además, consideran una ‘restricción a un derecho profesional’ la prohibición de concursar en un plazo de cinco años, tachándola de discriminatoria y disruptiva.
También han criticado que se haya rebajado a 40 la puntuación necesaria para considerar aprobado un dictamen, ‘supone excepcionar la normal apreciación de suficiencia y capacidad exigible a los aspirantes que se sitúa en un 5 (o 50)’. Y han calificado de ‘arbitrario’ que el Gobierno, ‘unilateralmente y sin audiencia’ del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni del colectivo de jueces, haya fijado un número de plazas de estabilización –673 anunció el Ministerio de Justicia–.
‘LAS PRISAS NUNCA SON BUENAS’, ha recordado JJpD, enfatizando que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impone al Estado la obligación de promover y proteger las pruebas de acceso a la judicatura, que en España incluyen el cuarto turno y el turno libre ‘para evitar las discriminaciones inversas’. ‘Se deben adoptar medidas de fomento, que aquí brillan por su ausencia, para evitar que esta entrada masiva y extraordinaria produzca efectos perjudiciales o desaliente los métodos ordinarios que suponen la garantía de un futuro que puede volverse más que sombrío con el colapso que amenaza provocar esta falta de planificación previa’, ha demandado.
La regularización ‘amenaza con llevarse por delante todo el sistema de gestión de personal y concursos por acometer una ampliación de los efectivos de la carrera judicial de un 13 % (…) sin abordar con carácter previo un estudio serio de necesidades’, ha advertido. ‘Siempre estará dispuesta a trabajar por el bien común y por la carrera judicial’, ha afirmado JJpD, pero ha reiterado que ‘jamás apoyará un régimen discriminatorio, disruptivo y arbitrario como el que se presenta’.
Finalmente, JJpD es una de las dos asociaciones de jueces y fiscales, junto a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que no han apoyado la huelga de tres días convocada por otras asociaciones para los días 1, 2 y 3 de julio en protesta contra esta reforma de acceso a ambas carreras y la de la Fiscalía.