José Luis Ábalos, anterior ministro de Transportes, ha solicitado al juez instructor del ‘caso Koldo’ del Tribunal Supremo que tome medidas para evitar su ‘linchamiento mediático’ y descubra a los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil responsables de examinar los dispositivos incautados en su vivienda, a quienes acusa de divulgar imágenes de mujeres supuestamente guardadas.
En un documento facilitado a Europa Press, Ábalos expresa su preocupación al magistrado Leopoldo Puente porque ‘se está facilitando información’ a la prensa ‘por parte de los investigadores que están analizando las memorias que han sido incautadas en las entradas y registros que se han llevado a efecto’.
Por esta razón, Ábalos le exige ‘requerir al jefe responsable de la unidad investigadora al objeto de prevenirle’ acerca de esta supuesta filtración de datos y solicita que se proporcione el número de identificación personal de los agentes encargados del procesamiento de los dispositivos confiscados en su domicilio en junio pasado.
‘Pues de la lectura de los documentos que acompañamos, se puede apreciar claramente que han tenido acceso terceras personas y han tomado conocimiento de las actuaciones que se están realizando’, señala.
Además, insta a que se ordene ‘el expurgo en cuanto a la documentación, fotografías, o cualquier otro documento que no tenga relación con la presente instrucción, y no se incluya en los informes que se aporten por la UCO en esta causa especial’.
Ábalos demanda así ‘medidas precisas’ para ‘evitar linchamientos mediáticos a los investigados’, ya que argumenta que, ‘toda vez que lejos de aportar luz a la investigación que se lleva a cabo, se está procurando desdorar la imagen, así como el derecho que todo ciudadano tiene a la intimidad’ tanto suya como de las mujeres que ‘aparecen fotografiadas y reseñado su nombre’.
En su criterio, la investigación abierta por el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos ‘nada tiene que ver’ con las imágenes divulgadas, en una crítica más del exministro a la actuación de la UCO, a la que incluso denunció ante la Fiscalía y atribuyó ‘tintes de inquina y venganza’.