QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El próximo 30 de octubre, Juana Rivas deberá presentarse como investigada ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, tras estimarse parcialmente un recurso de Francesco Arcuri contra el cierre de una denuncia que él había interpuesto. Dicha denuncia, presentada por el incumplimiento de la devolución de su hijo menor a Italia después de las vacaciones de Navidad, llevó a que el niño regresara el 25 de julio.
La providencia, fechada el 30 de julio y revisada por Europa Press, establece que Rivas declare a las 10,00 horas. Ese mismo día, pero el 22 de septiembre, también se ha citado a Arcuri a través de su representación legal.
La Audiencia Provincial, en su auto del 24 de julio, reconocía la validez parcial del recurso de apelación presentado por Arcuri, específicamente en relación con la denuncia de sustracción de menores. Sin embargo, rechazó investigar las acusaciones de maltrato habitual y de lesiones psicológicas en el ámbito familiar.
Según información del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el padre había denunciado a Rivas por sustracción de menores y maltrato habitual. No obstante, la jueza inicialmente decidió no admitir la denuncia y archivar el caso, decisión que fue parcialmente revocada por la Audiencia para continuar con la investigación sobre la sustracción de menores.
Francesco Arcuri había denunciado en enero ante los tribunales italianos la no devolución de su hijo tras las navidades, según lo estipulado por la Corte de Apelación de Cagliari. El Ministerio Fiscal también apoyaba parte de la apelación, sugiriendo que algunos hechos podrían constituir un delito de sustracción de menores.
La Audiencia de Granada también confirmó en marzo que el caso sobre los presuntos malos tratos recibidos por el menor se enviara a Italia para su investigación, con una audiencia programada para el 18 de septiembre.
En abril de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la condena a Rivas por sustracción de menores, reduciendo su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión. Más tarde, un indulto gubernamental redujo aún más su pena y sustituyó la inhabilitación especial para la patria potestad por trabajos comunitarios.
