QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Juana Rivas acudió puntualmente a las diez de la mañana al edificio judicial de la Caleta en Granada para prestar declaración como investigada por un caso de presunta sustracción de menores, motivado por una denuncia de su expareja. El incidente se desencadenó después de que su hijo menor no volviera a Italia en la fecha establecida por la justicia italiana, después de pasar las vacaciones de Navidad con su madre en Maracena, Granada.
A su llegada a los juzgados, rodeada de medios de comunicación y acompañada por su letrado, Carlos Aránguez, la madre de Maracena manifestó estar «tranquila» ante este proceso, que es investigado por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada.
Juana Rivas fue previamente condenada por sustracción de menores en 2016, cuando se llevó a sus dos hijos de Italia sin el permiso del padre, alegando huir de un entorno de maltrato. En el verano de 2017, estuvo un mes desaparecida con los niños. Su condena inicial de cinco años fue reducida por el Tribunal Supremo a dos años y medio, y en 2021 recibió un indulto parcial del Gobierno, condicionado a no repetir el delito en un plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto el 17 de noviembre de 2021.
HABLAN LOS ABOGADOS
Los representantes legales de Rivas expresaron en un comunicado que siguen enfrentándose a un «laberinto jurídico» que les devuelve al punto de partida, con Juana nuevamente investigada por sustracción de menores en España, pero esta vez con Arcuri acusado por la fiscalía de maltrato hacia sus hijos. «El error inicial de no gestionar adecuadamente la denuncia del 12 de julio de 2016 nos ha envuelto en este bucle kafkiano», declararon.
Resaltaron que «Gabriel ha perdido su infancia y solo pudo huir del infierno de maltrato al cumplir 16 años, momento en el que decidió mudarse a España con su madre. A los 18 años, ya mayor de edad, compartió en primera persona su experiencia». Sobre Daniel, el menor, lamentaron que «solo ha sido escuchado una vez en España por una jueza que decidió protegerlo», criticando la falta de coordinación entre los procedimientos civiles y penales en Italia, lo que ha generado una situación excepcional: «Daniel, a sus 11 años, es el principal testigo/víctima en el caso de maltrato impulsado por la Fiscalía italiana contra su padre, pero aún así debe asistir al juicio acompañado de él y viviendo en su casa».
Tras una apelación rechazada por el Tribunal de Cagliari, pero aceptada por el Tribunal Supremo italiano en 2024, indicaron que «el error en la estrategia legal de Arcuri al denunciar nuevamente a Juana por sustracción de menores, nos permite enfocarnos en lo esencial: la protección del menor». «Juana finalmente ha podido demostrar en España con pruebas contundentes la grave violencia física y psíquica a la que Arcuri ha sometido a Daniel durante años. Con este testimonio, mañana solicitaremos el cierre del caso, ya que es evidente que estamos ante una madre que busca proteger a su hijo», concluyeron.
