La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha recibido de forma “muy positiva” la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que revoca una absolución previa y condena a prisión a un 'petaquero', al considerar delictiva la tenencia ilegal y el transporte de grandes cantidades de gasolina destinadas al narcotráfico. Al mismo tiempo, la organización subraya que el objetivo final debe ser la aprobación de un marco legal homogéneo para este tipo de conductas.
En un comunicado, Jucil sostiene que este fallo judicial constituye un respaldo directo y explícito a la postura que la asociación defiende desde hace años: el petaqueo no puede entenderse como una actividad secundaria o marginal, sino como una pieza “clave” dentro de la logística del narcotráfico, sin la cual las redes criminales no podrían operar con narcolanchas.
Por este motivo, la asociación considera “imprescindible que esta conducta tenga una respuesta penal clara y no quede limitada a sanciones administrativas claramente insuficientes”. A su juicio, la resolución del TSJA aporta además una mayor seguridad jurídica a los guardias civiles que, a diario, intervienen contra vehículos, embarcaciones y almacenes con cientos o miles de litros de combustible, asumiendo un riesgo evidente tanto para su integridad física como para la seguridad del conjunto de la ciudadanía.
En esta línea, Jucil recalca que “no se trata solo de combatir una infracción, sino de neutralizar un peligro real y constante que ya ha tenido consecuencias trágicas”. Aunque valora que esta orientación jurisprudencial es “un paso en la buena dirección”, advierte de que resulta insuficiente mientras no se apruebe una regulación clara, firme y homogénea en todo el territorio nacional.
La asociación alerta de que “la falta de un marco legal uniforme permite que las organizaciones criminales sigan explotando grietas normativas y diferencias territoriales para mantener su logística”, por lo que insiste en la necesidad “urgente” de una reforma del Código Penal que incluya de forma expresa el petaqueo y el suministro de combustible a las redes de narcotráfico o, en su defecto, que refuerce y precise la aplicación del artículo 568 del Código Penal, despejando dudas interpretativas y cerrando definitivamente las puertas a la impunidad.
Paralelamente, Jucil recuerda que la provincia de Cádiz “continúa siendo una de las zonas más expuestas a la problemática del narcotráfico, una situación que se ha extendido progresivamente a otras zonas costeras de Andalucía”.
En este sentido, la asociación denuncia que “lejos de haberse producido un refuerzo real de efectivos, lo que se ha llevado a cabo es una reorganización interna de efectivos, trasladando guardias civiles que formaban parte de OCON-SUR a unidades de Policía Judicial y al EDOA, dejando desprotegidas las unidades de las que procedían”. Según Jucil, “esta redistribución no ha supuesto un aumento de personal, sino que ha debilitado otras áreas operativas igualmente esenciales”.
Respecto a los recursos materiales, el diagnóstico de la asociación es igualmente “negativo”, puesto que, según expone, “no solo no se ha producido un incremento real de recursos, sino que los existentes presentan graves deficiencias, con embarcaciones inservibles, vehículos gravemente deteriorados o no aptos para el servicio”.