QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha decidido este sábado poner en libertad, aunque con medidas cautelares, a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, todos ellos investigados por supuestas irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos.
Según han indicado fuentes jurídicas a Europa Press, el juez les ha impuesto como obligaciones la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.
Estas cautelares coinciden con lo solicitado por la fiscal de Anticorrupción Elisa Lamelas y, al no existir de momento ninguna otra parte personada en el procedimiento, el instructor no tenía margen para acordar prisión provisional para ninguno de los tres, que han abandonado por su propio pie la sede de la AN alrededor de las 13.42 horas.
Los tres arrestados habían llegado en un furgón policial a la Audiencia Nacional a las 08.30 horas de este sábado, y el magistrado comenzó a tomarles declaración a las 10.00 horas.
Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos el miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en cumplimiento de órdenes de detención dictadas por el juez, que mantiene la investigación bajo secreto de sumario.
El procedimiento, promovido por la Fiscalía Anticorrupción, analiza posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
En el marco de las pesquisas, el instructor ordenó registros y peticiones de documentación en Madrid, Sevilla y Zaragoza ligados a compañías conectadas con Servinabar, la mercantil que –según los informes de la UCO– estaría relacionada con Cerdán.
Los agentes inspeccionaron las oficinas de Forestalia en Madrid y Zaragoza y se desplazaron también a la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información.
Asimismo, reclamaron expedientes en Correos y en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que puntualizó que la Guardia Civil acudió a su sede para solicitar dos expedientes administrativos que fueron entregados a los agentes «con total colaboración», subrayando que «fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».
Además de estos tres investigados, en la causa figura el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, tal y como comunicó este viernes el PSPV. Fuentes conocedoras del procedimiento consultadas por Europa Press elevan el número de personas bajo investigación en estas diligencias a más de una docena.
Díez, bajo la lupa por sus vínculos con empresas de la SEPI
La exmilitante socialista también está encausada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en otra investigación que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, en la que se analiza si habría ofrecido contraprestaciones a cambio de información sobre miembros de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.
En esa causa, el juez Arturo Zamarriego sostiene que la exconcejal del PSOE «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recabar información comprometida o irregular» con el objetivo de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».
Díez declaró el pasado 17 de noviembre ante Zamarriego que mantuvo dos encuentros con Cerdán, pero aseguró que lo hizo en calidad de periodista, que no mantiene relación orgánica con el partido y que no ofreció favores. Detalló además su trayectoria profesional, explicando que en 2018 se incorporó a Enusa, donde permaneció hasta 2021, cuando pidió una excedencia voluntaria para pasar a Correos como jefa de Relaciones Institucionales, ambas entidades dependientes de la SEPI.
Pagos de Servinabar a Fernández
En cuanto a Fernández, fue designado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018, un cargo al que renunció en octubre de 2019 tras ser imputado en el «caso Aznalcóllar», por el supuesto amaño del concurso internacional para la explotación de la mina, procedimiento en el que finalmente fue absuelto este año.
Su nombre aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del «caso Koldo» sobre la situación tributaria de Servinabar.
Esos informes detallan que Fernández percibió de la compañía un total de 68.632,48 euros en 2021 y otros 33.251 euros en 2023, y que en 2022 se le practicaron retenciones por importe de 40.800 euros.
Alonso, segunda imputación y vínculo con Servinabar
Alonso, administrador único de Servinabar, figura igualmente investigado ante el Tribunal Supremo en la pieza del «caso Koldo» relativa a la presunta trama de amaños en obra pública.
Cuando compareció el pasado 8 de julio ante el instructor, el magistrado Leopoldo Puente, negó haber abonado comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones, desvinculó a Cerdán de la empresa y admitió que realizó pagos al exasesor ministerial Koldo García por su intermediación como comisionista en proyectos de construcción privados anteriores a 2017.
El empresario defendió que siempre ha sido socio único de Servinabar y restó validez al contrato privado de compraventa intervenido por la Guardia Civil, en el que se recoge que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de la sociedad, que obtuvo encargos del Gobierno de Navarra por más de 75 millones de euros.
