El magistrado Juan Carlos Peinado, quien se retirará en septiembre de 2026, ha decidido expandir las investigaciones hacia Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, imputándole un nuevo delito de malversación. Se espera que Peinado la interrogue nuevamente sobre la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
Previamente, el Juzgado de Instrucción Número 41 en Madrid ya había explorado la malversación en la contratación de Álvarez, pero no fue hasta el 18 de agosto que Gómez fue formalmente acusada de este delito. Antes de esta ampliación, Gómez ya estaba siendo investigada por otros cuatro delitos: tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias, acusando a Gómez de aprovechar su posición para influenciar a empresarios en licitaciones públicas. Las acusaciones se han ampliado debido a querellas adicionales de Hazte Oír y Vox, relacionadas con irregularidades en el registro de ‘software’ de una cátedra de la UCM que dirigía Gómez y en la contratación de su asesora.
LA AUDIENCIA DE MADRID NO VIO MALVERSACIÓN EN LA ACTUACIÓN DE ÁLVAREZ
En junio, la Audiencia Provincial de Madrid anuló una declaración de Álvarez y validó evidencias que implicaban a Gómez en tráfico de influencias, lo que llevó a Peinado a imputar a Gómez y Álvarez por malversación. «Otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento», afirmaron los magistrados.
Actualmente, están siendo investigados Gómez, Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Peinado ha propuesto investigar también al ministro Félix Bolaños por malversación y falso testimonio, aunque el Supremo rechazó la apertura de causa.
Con la jubilación de Peinado acercándose, se anticipa que finalice sus investigaciones y determine el futuro judicial de los implicados antes de dejar el caso en manos de otro juez.