La jueza de Catarroja, que instruye la causa sobre la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 causó 230 fallecidos en la provincia de Valencia, ha decidido citar a declarar como testigo al expresident de la Generalitat Carlos Mazón.
La magistrada ha anunciado esta decisión después de que la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazara imputar al exjefe del Consell y devolviera la causa al juzgado de instruye Nuria Ruiz Tobarra.
En un auto notificado este martes a las partes, la jueza razona que la reciente resolución de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada tras la exposición razonada que ella misma remitió para que Mazón fuera investigado, “excluye” su “responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante”, según ha comunicado el TSJCV.
La instructora añade que “no aprecia tampoco el TSJ indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa” (en el envío del ES-Alert). Así, considera que “no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales de Carlos Mazón”. “Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical”.
El auto fija que su comparecencia como testigo, así como la comunicación al ahora diputado autonómico para que entregue de forma voluntaria los registros de sus llamadas y mensajes telefónicos del 29 de octubre de 2024 vinculados con la dana, se practicarán una vez que la resolución del TSJCV sea firme.
Declaraciones de Merino y requerimientos a alcaldes
En la misma resolución, la jueza ordena también la declaración como testigo de la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, y solicita a varios alcaldes que remitan voluntariamente al juzgado los listados de sus llamadas entrantes y salientes, así como los mensajes intercambiados el 29-O con distintas autoridades y con miembros del Cecopi.
En un segundo auto, igualmente dictado y notificado este martes, la magistrada requiere a una asociación que preste una fianza de 6.000 euros para poder ejercer la acusación popular, que se sumaría a la acusación particular ya personada, la Asociación Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sud.
Por último, mediante providencia, la jueza acuerda, entre otras diligencias, volver a citar al subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, para que amplíe y aclare su anterior declaración testifical. Asimismo, llama de nuevo a la exconsellera de Justicia investigada, Salomé Pradas, para que realice un cuerpo de escritura con el objetivo de practicar una pericial caligráfica sobre un documento manuscrito aportado por el citado subdirector general.