La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebra este martes, desde las 10.00 horas, el juicio contra cinco presuntos patrones, todos ellos de nacionalidad senegalesa, acusados de dirigir un cayuco que fue auxiliado el pasado mes de junio en aguas próximas a El Hierro por un crucero que posteriormente atracó en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los procesados habrían cobrado cantidades de dinero en el país de origen a más de 150 personas de procedencia subsahariana que pretendían acceder de forma irregular a territorio español a bordo de una embarcación “inadecuada”, que quedó a la deriva durante unos veinte días sin agua ni alimentos.
La acusación pública detalla que el cayuco no disponía de luces de navegación, bengalas, deflector de radar ni sistemas de comunicación marítima, más allá de un dispositivo GPS y los teléfonos móviles que portaban algunos de los ocupantes, y que la mayoría de ellos viajaba incluso sin chaleco salvavidas.
En un primer momento, la embarcación fue socorrida por un petrolero hasta que llegó el crucero, que rescató a 68 supervivientes originarios de Malí, Senegal, Burkina Faso, Gambia y Mauritania, junto a los cuerpos sin vida de tres migrantes, y se dirigió al puerto de Santa Cruz de Tenerife. A la llegada solo desembarcaron 67 personas, ya que uno de los rescatados falleció a bordo pese a recibir asistencia médica.
La Fiscalía sostiene que los acusados asumieron las tareas de navegación, como fijar y seguir el rumbo mediante un GPS, intentar reparar el único motor cuando se averió en alta mar, repartir los escasos víveres y mantener el orden en el cayuco, hasta el punto de que habrían ordenado arrojar al mar los cadáveres de un número indeterminado —en todo caso superior a ochenta (80)— de pasajeros muertos durante la travesía por la falta de agua y comida.
El ministerio público recalca que los cinco tenían “pleno conocimiento” de la insuficiencia de víveres y agua, del hacinamiento extremo a bordo y de las graves deficiencias estructurales de la embarcación para afrontar una larga ruta en mar abierto desde la costa africana.
Las tres personas fallecidas que llegaron en el crucero eran hombres y murieron por insuficiencia respiratoria derivada de un tromboembolismo pulmonar y por fallos multiorgánicos asociados a la deshidratación y a un severo desequilibrio hidroelectrolítico.
Una vez en tierra, cinco de los migrantes tuvieron que ser trasladados en estado muy grave a dos centros hospitalarios de la isla debido a su delicado estado de salud.
Para la Fiscalía, los hechos encajan en un delito agravado de favorecimiento de la inmigración irregular, cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y cinco delitos de lesiones por imprudencia grave.
El ministerio público solicita para uno de los acusados una condena de 21 años de prisión y para los otros cuatro penas superiores a 15 años de cárcel, además del abono de una indemnización de 150.000 euros a los herederos de los fallecidos y de unos 5.800 euros para los supervivientes que precisaron hospitalización.