La Audiencia Provincial de Pontevedra, específicamente la sección quinta, ha decidido que el juicio contra un individuo, acusado de violar y robar a una mujer en Vigo en 2013, se lleve a cabo sin público ni prensa por “motivos de orden público”. Esta decisión fue tomada tras los primeros momentos del juicio, donde el acusado mostró una actitud agresiva, interrumpiendo la sesión con gritos e insultos, y exigiendo la ausencia de medios de comunicación en la sala.
El altercado comenzó tan pronto como los medios de comunicación hicieron acto de presencia en la sala. A pesar de que los fotógrafos seguían las directrices de tomar imágenes desde detrás, el acusado comenzó a vociferar improperios. Ante la pregunta de la presidenta del tribunal sobre si tenía algún inconveniente, el acusado, que había llegado sin esposas y bajo custodia de la Policía Nacional desde la prisión de A Lama, respondió a gritos: “Sí, tengo un problema, no quiero fotos, no quiero que salga nada. ¡Que se vayan!”. Pese a las explicaciones de la magistrada sobre la naturaleza pública del juicio, el acusado continuó su comportamiento disruptivo, llegando a golpear violentamente un asiento y amenazar a los reporteros gráficos presentes.
Debido a su conducta agresiva, que incluyó amenazas directas hacia los fotógrafos, los agentes policiales tuvieron que intervenir para contenerlo. La situación obligó a la jueza a suspender temporalmente la sesión y, finalmente, a decidir continuar el juicio a puerta cerrada.
HECHOS A JUICIO
El incidente que llevó al acusado ante la justicia ocurrió hace una década, cuando abordó a una mujer de 51 años en un descampado, empleando violencia física y amenazas para robarle y agredirla sexualmente. Según la Fiscalía, después de robarle dinero, la arrastró a un lugar más apartado donde la agredió sexualmente y le robó más pertenencias, incluyendo joyas. Esta agresión resultó en un severo trastorno de estrés postraumático para la víctima, además de una exacerbación de otros trastornos mentales preexistentes.
Actualmente, debido al grave deterioro cognitivo que sufre, la mujer reside en una institución especializada y no ha podido declarar en el juicio. La Fiscalía solicita para el acusado una pena que alcanza casi los 17 años de prisión, además de una compensación económica significativa por los daños psicológicos y morales infligidos a la víctima.