La Audiencia de Valladolid inicia este miércoles, 4 de febrero, un juicio con jurado popular contra el encargado de la gasolinera Valcarce de San Vicente de Palacio, S.L.G., acusado de un presunto delito de cohecho cometido en febrero de 2021. Según sostienen la acusación pública y la acusación popular, esta última ejercida por el Ayuntamiento de la localidad, el procesado habría ofrecido al alcalde una suma superior a 7.000 euros para que mirara hacia otro lado y no obligara a la empresa a derribar un talud ilegal construido en el área de servicio.
La vista arrancará este miércoles con la elección del jurado y la declaración del acusado, y se prevé que continúe hasta el jueves, jornada en la que está programada la comparecencia del regidor denunciante, otros testigos y la exposición de los informes finales de las dos acusaciones y de la defensa, de acuerdo con la información facilitada a Europa Press por fuentes del procedimiento.
El Ministerio Fiscal y la acusación popular reclaman para S.L.G. una pena de tres años y medio de prisión, además de multas que oscilan entre 2.160 y 2.880 euros, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un periodo de entre nueve y diez años.
En el juicio con jurado, que se celebrará en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, se analizarán unos hechos que se remontan al año 2013. El 11 de febrero de aquel año, un decreto de Alcaldía ordenó paralizar las obras del talud ejecutado por la empresa Valcarce, responsable de la explotación de la gasolinera situada en la autovía A-6 a su paso por el término municipal de San Vicente de Palacio, al carecer de proyecto técnico.
El conflicto entre el Ayuntamiento y la mercantil acabó en la vía contencioso-administrativa, tras recurrir la empresa la decisión municipal. Sin embargo, la sentencia dictada en ese procedimiento confirmó la obligación de derribar el talud levantado para instalar unas placas solares. La resistencia de la compañía a cumplir el fallo judicial llevó al Consistorio de San Vicente de Palacio a imponerle varias multas coercitivas.
De acuerdo con la versión de las acusaciones, el supuesto cohecho se habría producido los días 9 y 10 de febrero de 2021. En esas fechas, el alcalde y el ahora acusado mantuvieron varias conversaciones en la propia estación de servicio, durante las cuales S.L.G. le habría ofrecido dinero para que se inhibiera y dejara de presionar a la empresa para ejecutar la demolición ordenada.
“No seas bobo, que estas cosas se arreglan con dinero negro, mira para otro lado”, es la frase que, según los acusadores, el procesado dirigió al regidor el 9 de febrero. Al día siguiente, en una nueva visita del alcalde al área de servicio, se habría repetido la propuesta, esta vez concretando una cifra. El acusado, siempre según la acusación, comentó que consultaría con el propietario de la empresa y con su hija la cantidad exacta, pero adelantó que podrían llegar hasta los 7.000 euros, casi la mitad de los 15.000 que costaba la demolición del talud.
El regidor de San Vicente de Palacio rechazó el ofrecimiento y, además, presentó la correspondiente denuncia por estos hechos, lo que ha desembocado en el juicio que ahora se celebra en la Audiencia de Valladolid.