El artista Julio Iglesias ha solicitado de nuevo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le facilite el escrito con las imputaciones formuladas contra él por las supuestas agresiones sexuales denunciadas por dos antiguas trabajadoras, con el objetivo de “determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa”.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, su abogado se dirige al Ministerio Público pocos días después de que éste acordara archivar las diligencias abiertas frente a Iglesias por la “falta de competencia” de la Audiencia Nacional para investigar unos hechos que se habrían producido en el Caribe.
El letrado reclama a la Fiscalía “copia de la denuncia y el contenido íntegro de las diligencias de investigación preprocesal”, subrayando que “no existe ninguna ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él”.
“No podemos olvidar tampoco que el acceso a la denuncia es además necesario a los efectos de que podamos determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa, este sí en España, por parte de las denunciantes, de modo que, desde esta perspectiva, el interés legítimo del señor Iglesias está igualmente justificado”, añade el escrito presentado.
La defensa de Iglesias reprocha además que en el decreto de archivo la Fiscalía haya “asignado a las denunciantes como testigos protegidos”, pese a que, según sostiene, éstas, “a través de sus representantes y medios afines”, habrían “orquestado una agresiva campaña mediática contra” el cantante “que ha lesionado irreversiblemente su derecho al honor”. “Lo que no resulta compatible con la demanda de protección que les ha otorgado la Fiscalía de España, aún sin jurisdicción”, remacha.
En esta línea, la representación legal del músico argumenta que esa “condición de testigos protegidos no puede conducir a la denegación de acceso del denunciado al contenido de las diligencias practicadas y a que se le imponga la privación definitiva de adquirir el conocimiento sobre el contenido de la denuncia y de lo actuado, y que se le remita a la información que proporcionen los medios de comunicación y al uso que de la denuncia se pueda seguir haciendo en los medios afines a la organización denunciante, sin posibilidad de defensa de sus derechos fundamentales”.
El decreto de archivo de la Fiscalía
La pasada semana, la Fiscalía hizo público su decreto de archivo, en el que ponía el acento en la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”.
El Ministerio Público recordaba, apoyándose en la doctrina del Tribunal Supremo, que “no corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo”.
El documento precisaba que, aunque el delito de trata de seres humanos se persigue de forma extraterritorial, es necesario que el procedimiento se dirija contra un ciudadano español y que existan nexos materiales con España, como que las víctimas tengan nacionalidad española o residan en territorio nacional.
La Fiscalía apuntaba que “las víctimas son extranjeras”, que “no residen en España” y que “los hechos se atribuyen a países plenamente competentes” para investigarlos. Añadía asimismo que los señalados en la denuncia –entre ellos Iglesias, junto a un ciudadano brasileño y otro colombiano– tampoco tienen residencia en España.
La resolución incidía en que la Audiencia Nacional ya ha establecido en otros casos que España “no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país”. “Especialmente cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España, los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España y los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron”, concluía el decreto.
Relato de las extrabajadoras
Dos extrabajadoras del servicio doméstico y sanitario del entorno de Iglesias –una empleada de hogar y una fisioterapeuta– afirman haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su horario de trabajo, en un contexto de vigilancia y acoso constantes, según una investigación de “elDiario.es” junto con Univisión Noticias.
Una de ellas asegura que fue coaccionada para mantener relaciones sexuales con el cantante y describe penetraciones, bofetadas y otras vejaciones físicas y verbales. De acuerdo con el testimonio de dos de las entrevistadas, estos episodios se habrían producido en 2021, cuando la más joven tenía 22 años.
La investigación, desarrollada durante tres años, recoge que se entrevistó a 15 exempleadas del servicio, entre personal doméstico y otras profesionales, que trabajaron para el artista entre 1990 y 2023 en viviendas situadas en República Dominicana, Bahamas y España.
La trabajadora que relata haber sufrido penetraciones sostiene que el intérprete, entonces de 77 años, la hacía acudir a su dormitorio con frecuencia al terminar la jornada. “Me usaba casi todas las noches”, declara en una entrevista con los medios que han elaborado el reportaje.
“Me sentía como un objeto, como una esclava”, añade. Según su versión, esos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y participación de otra empleada que ocupaba un puesto de mayor rango dentro del personal del hogar.
De acuerdo con la investigación, en las entrevistas las personas afectadas hablan de “condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias”.
Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales “fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables”, indica la publicación, que asegura que “sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos”.
Los hechos descritos por estas dos extrabajadoras se habrían producido en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas), supuestamente con el conocimiento de las mujeres responsables de la gestión de la casa y de la contratación del personal, según relatan ambas.