El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha el procedimiento ante una primera solicitud de indulto a favor del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo por un delito de revelación de secretos. El Tribunal Supremo le declaró culpable y, al ser el órgano que dictó la sentencia, el Gobierno le ha remitido ya la petición para que emita su informe preceptivo.
La iniciativa de indulto parte de dos ciudadanos particulares y, una vez registrada en Justicia, el departamento la ha enviado al Supremo para que exprese su criterio, según adelantó ‘El País’ y confirmaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo.
Las solicitudes de indulto por particulares pueden ser promovidas por los propios condenados, sus familiares o cualquier persona que actúe en su nombre. Estas peticiones deben ser sometidas al informe del tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, que juzgó a García Ortiz, y también han de ser oídos la Fiscalía y la parte perjudicada.
Si finalmente prospera, la concesión del indulto corresponde al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y tras la deliberación del Consejo de Ministros, que es quien adopta la decisión definitiva. El acuerdo debe formalizarse mediante real decreto y publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
García Ortiz fue condenado el pasado diciembre a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros en concepto de daños morales.
El Supremo le impuso la pena por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, al atribuirle la filtración a los medios del 'email' en el que el empresario se ofrecía a confesar y la posterior difusión de una nota de prensa en la que se le mencionaba.
De acuerdo con la Sala de lo Penal, fue García Ortiz o “una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento” quien filtró en la noche del 13 de marzo de 2024 a la “Cadena SER” el correo electrónico remitido el 2 de febrero de ese mismo año por el abogado de González Amador a la Fiscalía, en el que planteaba que su cliente admitiera los dos delitos fiscales por los que estaba siendo investigado a cambio de evitar la prisión.
La resolución fue apoyada por cinco de los siete magistrados que integraban el tribunal, aunque contó con dos votos particulares de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, que expresaron su “discrepancia absoluta” con la condena al entender que solo existían sospechas y que, por ello, García Ortiz tendría que haber sido absuelto.
El ex fiscal general presentó un incidente de nulidad, aún pendiente de resolver, contra la sentencia, en el que sostiene su inocencia y la “credibilidad” de la Fiscalía frente a “ataques”.