El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha alcanzado un acuerdo “por unanimidad” con las comunidades autónomas con competencias transferidas para que la tercera y última etapa de implantación de los tribunales de instancia arranque el próximo 31 de diciembre, tal y como estaba fijado, aunque con “cierta flexibilidad”.
Así lo ha informado el departamento que dirige Félix Bolaños mediante una nota de prensa tras la celebración este lunes, por vía telemática, de la Conferencia Sectorial de Justicia, que, según el propio Ministerio, “se ha desarrollado en un clima de cordialidad”.
En la reunión han participado representantes de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, La Rioja y Navarra.
De acuerdo con la nota, esta fase definitiva supone la puesta en marcha de 100 tribunales de instancia “en los grandes partidos judiciales” del país, entre ellos Barcelona, Madrid, Palma o Zaragoza.
No obstante, el Ministerio y las comunidades han consensuado “también por unanimidad”, según Justicia, “dotar de cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales”, de forma que “la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo”.
Conviene recordar que el pasado 12 de diciembre, al convocar esta Conferencia Sectorial, el Ministerio ya avanzó que “apoyará” a las comunidades con la competencia transferida si “solicitan una prórroga breve para culminar la tercera fase” de la implantación de los tribunales de instancia.
Asimismo, se ha acordado este lunes que las oficinas judiciales, “que darán apoyo técnico a los tribunales de instancia de las grandes ciudades”, según el Ministerio, también se pondrán en marcha el 31 de diciembre, salvo en las ciudades asturianas de Oviedo, Gijón y Avilés, donde lo harán el 15 de febrero, “con el fin de permitir a estos partidos judiciales llevar a cabo los últimos ajustes técnicos”.
La creación de los tribunales de instancia se integra en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde el pasado mes de abril.
Desde entonces, tal y como destaca el Ministerio en su comunicado, más de 300 tribunales de instancia han comenzado a operar “sin incidencias destacables”.
Y subraya que, con los datos aportados por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, se constata “una agilización” en la ejecución de sentencias: “En Andalucía la reducción de las ejecuciones pendientes de admisión alcanza el 69%, en Castilla-La Mancha el 55%, en Cataluña y Comunidad Valenciana el 27% y en la Región de Murcia el 15%. La media de las comunidades estudiadas es del 30”.
“En cuanto a la financiación, el Ministerio ha realizado una inversión que supera los 325 millones de euros, procedentes de fondos europeos, en las 12 comunidades con la competencia de Justicia transferida”, ha precisado Justicia.
Menos litigios en el tercer trimestre de 2025
Por otra parte, la nota recuerda que la Ley de Eficiencia incorpora “la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial”.
Además, recoge las cifras difundidas el pasado miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pusieron de relieve que en el tercer trimestre de 2025 “se registró un descenso del 30,9% en la cifra de nuevos litigios en la jurisdicción civil en toda España”.
Según informó el CGPJ en una nota de prensa, entre julio y septiembre de 2025 los órganos judiciales ingresaron un total de 1.519.584 nuevos asuntos, lo que representa un 12,5% menos que en el mismo periodo de 2024.
También disminuyeron los asuntos del orden contencioso-administrativo, en un 6,3%; mientras que en las jurisdicciones de lo penal y de lo social se registró un aumento del 2% y del 1,2% de nuevos asuntos, respectivamente.
El volumen total de asuntos registrados en juzgados y tribunales en ese trimestre fue de 1.519.584, “una cifra muy similar a la de los asuntos resueltos en ese mismo periodo”, que se situaron en 1.517.664, apenas un 0,3% menos que en el tercer trimestre de 2024.
Advertencias del CGPJ por posibles “carencias”
Paralelamente, el CGPJ instó al Ministerio, antes de que se conociera la convocatoria de la reunión, a adoptar medidas para prevenir las “carencias” de los juzgados previas a la implantación de los tribunales de instancia.
En una nota de prensa, el Consejo trasladó la “preocupación” de los decanos de los seis principales partidos judiciales de España al departamento de Bolaños y a las comunidades con competencias de Justicia.
Al mismo tiempo, les pidió actuar para evitar el extravío de expedientes y retrasos en su tramitación y así “garantizar la continuidad y el buen funcionamiento del servicio, con el fin de evitar perjuicios a la ciudadanía”.
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces reclamó a las administraciones responsables de las oficinas judiciales que “los procedimientos y causas pendientes --de los que seguirán conociendo los titulares de los antiguos juzgados una vez instalados en su nueva plaza del tribunal de instancia-- estén identificados y listados, de forma que su itinerario hasta la nueva oficina judicial pueda ser trazado con seguridad, lo que evitaría la pérdida de expedientes”.
Los decanos alertan de “falta de preparación”
Por otro lado, los decanos de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca señalaron las “carencias” y la “falta de preparación” que, a su juicio, se han ido detectando en el despliegue de los tribunales de instancia, advirtiendo de que esas “carencias” “pueden lastrar esta fase final de la implantación de los tribunales de instancia”.
Entre los problemas apuntados, destacaron la existencia de una “dispersión de sedes”, lo que, según indicaron, puede “dificultar las relaciones” entre jueces y funcionarios.
También incidieron en la “falta de digitalización”, alertando del “riesgo de pérdida” de expedientes originales en aquellos juzgados donde aún no se dispone de expediente digital.
Igualmente, expresaron su descontento por la “demora en el nombramiento de los letrados directores”, lo que, a su entender, “ha privado a muchos decanos del interlocutor necesario para coordinar la constitución de los tribunales de instancia”.
Además, remarcaron la “falta de aprobación de algunas relaciones de puestos de trabajo o de culminación de los procedimientos de consolidación de funcionarios y excesivo número de funcionarios interinos, que no tienen la formación necesaria y dificulta el desempeño de sus funciones”.
Los decanos advirtieron de que estas “carencias detectadas” podrían repercutir “un impacto en los ciudadanos”, por lo que han pedido al CGPJ que inste a las administraciones prestacionales a aplicar “una moratoria en la tercera fase de implantación de los tribunales de instancia por un periodo de seis meses”.