El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha alcanzado un acuerdo “por unanimidad” con las comunidades autónomas con competencias transferidas para que la tercera y definitiva fase de implantación de los tribunales de instancia concluya el próximo 31 de diciembre, tal y como estaba programado, aunque con “cierta flexibilidad”.
Así lo ha indicado el departamento que dirige Félix Bolaños en una nota de prensa tras la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada este lunes por vía telemática y que, según el propio Ministerio, “se ha desarrollado en un clima de cordialidad”.
En la reunión han participado representantes de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, La Rioja y Navarra.
Esta fase final supone la puesta en marcha de 100 tribunales de instancia “en los grandes partidos judiciales” del país, entre ellos Barcelona, Madrid, Palma o Zaragoza.
No obstante, el Ministerio y las comunidades han decidido “también por unanimidad”, según Justicia, “dotar de cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales”, de forma que “la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo”.
El Ministerio ya había avanzado el pasado 12 de diciembre, cuando convocó esta Conferencia Sectorial, que “apoyará” a las autonomías con la competencia transferida si “solicitan una prórroga breve para culminar la tercera fase” de la implantación de los tribunales de instancia.
Además, se ha acordado que las oficinas judiciales, “que darán apoyo técnico a los tribunales de instancia de las grandes ciudades”, según el Ministerio, comiencen igualmente a operar el 31 de diciembre, salvo en Oviedo, Gijón y Avilés, donde lo harán el 15 de febrero “con el fin de permitir a estos partidos judiciales llevar a cabo los últimos ajustes técnicos”.
La creación de estos tribunales se integra en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde abril.
Desde ese momento, de acuerdo con la nota ministerial, más de 300 tribunales de instancia han iniciado su actividad “sin incidencias destacables”.
El departamento subraya que, según los datos aportados por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, se ha constatado “una agilización” en la ejecución de sentencias: “En Andalucía la reducción de las ejecuciones pendientes de admisión alcanza el 69%, en Castilla-La Mancha el 55%, en Cataluña y Comunidad Valenciana el 27% y en la Región de Murcia el 15%. La media de las comunidades estudiadas es del 30”.
“En cuanto a la financiación, el Ministerio ha realizado una inversión que supera los 325 millones de euros, procedentes de fondos europeos, en las 12 comunidades con la competencia de Justicia transferida”, ha precisado Justicia.
Descenso de asuntos en el tercer trimestre de 2025
La misma nota recuerda que la Ley de Eficiencia incorpora “la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial”.
También recoge las cifras difundidas el pasado miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que reflejan que en el tercer trimestre de 2025 “se registró un descenso del 30,9% en la cifra de nuevos litigios en la jurisdicción civil en toda España”.
Según informó el CGPJ en un comunicado, los órganos judiciales recibieron entre julio y septiembre de 2025 un total de 1.519.584 nuevos asuntos, lo que representa un 12,5% menos que en el mismo periodo de 2024.
En ese tiempo también bajaron los asuntos del orden contencioso-administrativo, un 6,3%; mientras que en las jurisdicciones penal y social se registró un aumento de entradas del 2% y del 1,2%, respectivamente.
El volumen total de asuntos ingresados en juzgados y tribunales fue de 1.519.584, “una cifra muy similar a la de los asuntos resueltos en ese mismo periodo”, que alcanzaron los 1.517.664, apenas un 0,3% menos que en el tercer trimestre de 2024.
Advertencias del CGPJ ante posibles “carencias”
Por su parte, el CGPJ reclamó al Ministerio, antes incluso de anunciarse la convocatoria de la Conferencia Sectorial, que adoptara medidas para prevenir las “carencias” de los juzgados ante la implantación de los tribunales de instancia.
En una nota de prensa, el Consejo recogió la “preocupación” de los decanos de los seis principales partidos judiciales de España y la trasladó al departamento de Bolaños y a las comunidades con competencias de Justicia.
Asimismo, les instó a actuar para evitar extravíos de expedientes y retrasos en la tramitación y así “garantizar la continuidad y el buen funcionamiento del servicio, con el fin de evitar perjuicios a la ciudadanía”.
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces pidió a las administraciones responsables de las oficinas judiciales que “los procedimientos y causas pendientes --de los que seguirán conociendo los titulares de los antiguos juzgados una vez instalados en su nueva plaza del tribunal de instancia-- estén identificados y listados, de forma que su itinerario hasta la nueva oficina judicial pueda ser trazado con seguridad, lo que evitaría la pérdida de expedientes”.
Los decanos alertan de “falta de preparación”
Paralelamente, los decanos de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca pusieron de relieve las “carencias” y la “falta de preparación” que han ido detectando en el despliegue de los tribunales de instancia, advirtiendo de que esas “carencias” “pueden lastrar esta fase final de la implantación de los tribunales de instancia”.
Entre los problemas señalados, apuntaron a la “dispersión de sedes”, que a su juicio puede “dificultar las relaciones” entre jueces y funcionarios.
También enfatizaron la “falta de digitalización”, alertando del “riesgo de pérdida” de expedientes originales en aquellos juzgados donde todavía no existe expediente digital.
Igualmente, expresaron su malestar por la “demora en el nombramiento de los letrados directores”, lo que, según indicaron, “ha privado a muchos decanos del interlocutor necesario para coordinar la constitución de los tribunales de instancia”.
Además, remarcaron la “falta de aprobación de algunas relaciones de puestos de trabajo o de culminación de los procedimientos de consolidación de funcionarios y excesivo número de funcionarios interinos, que no tienen la formación necesaria y dificulta el desempeño de sus funciones”.
Los decanos advirtieron de que estas “carencias detectadas” podrían repercutir “un impacto en los ciudadanos”, por lo que han pedido al CGPJ que inste a las administraciones competentes a aplicar “una moratoria en la tercera fase de implantación de los tribunales de instancia por un periodo de seis meses”.