QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid ha decretado este sábado la puesta en libertad, sujeta a medidas cautelares, de tres personas detenidas en relación con el ‘caso Plus Ultra’, entre ellas el presidente de la compañía aérea, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que la resolución ha sido adoptada por el juez Alfredo Barrera, en funciones de guardia, aunque la causa principal corresponde al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que mantiene las diligencias bajo secreto de sumario.
El magistrado ha impuesto a los tres investigados la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días ante el órgano judicial competente.
Los arrestados han sido presentados ante el juez este sábado, tras haber sido detenidos durante la semana por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco de estas pesquisas.
La jueza Esperanza Collazos instruye una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que se centra tanto en el presunto «uso indebido» de los 53 millones de euros que el Gobierno otorgó a la aerolínea en forma de rescate durante la pandemia como en un supuesto entramado de blanqueo de fondos públicos y de oro procedente de Venezuela en distintos países.
Dicha denuncia fue rechazada por la Audiencia Nacional el año pasado al entender que no era competente y que debía asumirla el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que ya había llevado la investigación previa sobre el rescate público concedido a la aerolínea.
Según indicaron fuentes jurídicas a esta agencia, ese juzgado de Plaza de Castilla analiza los hechos puestos en conocimiento por Anticorrupción y otras posibles derivadas relacionadas con la misma trama.
El Ministerio Público denunció el supuesto «uso indebido» de los 53 millones de euros que Plus Ultra recibió por acuerdo del Consejo de Ministros en marzo de 2021, sosteniendo que el dinero «se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva».
La denuncia, dirigida contra varias personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, describe una posible organización criminal con ramificaciones en Francia, Suiza y España.
Según ese escrito, la red la integrarían «personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español», y estaría «dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados».
De acuerdo con la Fiscalía, los fondos de origen ilícito procederían de presuntos delitos de malversación atribuidos a funcionarios públicos de Venezuela por importes «muy alta cuantía», en concreto de «fondos públicos de programas CLAP», impulsados por el Gobierno venezolano para distribuir alimentos básicos subvencionados, y de «ventas de oro del Banco de Venezuela».
Consta además que el mismo Juzgado de Instrucción Número 15 acordó en enero de 2023 el archivo de la causa en la que se examinaban las posibles irregularidades en la concesión a Plus Ultra de los 53 millones de euros durante la crisis sanitaria.
En aquel auto, la jueza concluyó que el rescate de la aerolínea fue decidido por el Consejo de Ministros, por lo que los entonces imputados «carecían de capacidad de decisión», después de que la Audiencia de Madrid respaldara la posición de la compañía y determinase que no era procedente citar como investigado a su representante legal al haberse «agotado el plazo de 12 meses previsto» para la práctica de las diligencias.
