QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid ha iniciado una investigación preliminar contra la exmilitante del PSOE Leire Díez, siguiendo una acusación de presunto tráfico de influencias, tras difundirse audios en los cuales se la oye proponer favores a cambio de información que podría perjudicar a integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía.
Fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que las investigaciones podrían extenderse a otros crímenes, dado que los denunciantes, la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), también mencionaron posibles delitos de cohecho y obstrucción a la justicia.
La denuncia de ASESGC, a la que tuvo acceso esta agencia, señala a Díez, al abogado Jacobo Teijelo, defensor del exdirigente socialista Santos Cerdán, y a los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, implicados en distintos casos de fraude ante la Audiencia Nacional y mencionados en los audios.
ASESGC alega que los audios revelan que Díez tenía el «objetivo claro» de obtener datos comprometedores sobre el teniente coronel Antonio Balas, encargado de investigaciones relevantes como las dirigidas al fiscal general y el ‘caso Ábalos’, y que supuestamente lo hacía «actuando en nombre de cargos del PSOE».
Además, la asociación sostiene que Díez buscaba estos datos comprometedores a cambio de que los empresarios recibieran beneficios en sus procedimientos penales.
IDENTIFICAR LAS VOCES
ASESGC ha solicitado que se tome declaración a los acusados y que el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil analice el audio de WhatsApp presentado con la denuncia para «comprobar la integridad del mismo y que no existan cortes o añadidos», además de identificar las voces de manera concluyente.
La denuncia también pide revisar los datos personales de Díez y Pérez Dolset a través del Punto Neutro Judicial, o alternativamente, solicitarlos a la Dirección General de la Guardia Civil.
Desde ASESGC enfatizan que la denuncia busca prevenir el «intento de socavar la independencia y credibilidad de la Guardia Civil», en defensa de la profesionalidad de sus miembros, especialmente de la UCO, encargada de investigar casos como el ‘caso Koldo’ o a familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Otras tres demandas están pendientes de resolución, incluyendo las presentadas por Hazte Oír, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y Iustitia Europa.
Díez, quien fue teniente de alcalde por el PSOE y apoyó a Pedro Sánchez en campañas de redes sociales, aclaró que los audios eran parte de una labor periodística para un libro sobre supuestas cloacas del Estado, «en ningún caso en nombre de nadie ni en representación de nadie». «Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE», declaró a la prensa a principios de junio.
