La Audiencia de Barcelona celebró este miércoles el juicio contra dos agentes de la Guardia Civil a los que la acusación particular, sostenida económicamente por Plataforma per la Llengua, reclama 6 años y 2 meses de cárcel por supuestas vejaciones a un pasajero por expresarse en catalán en el Aeropuerto de Barcelona.
La acusación particular --la Fiscalía no formula cargos-- les imputa un delito de falsedad en documento oficial, otro de odio y un tercero de coacciones. Además de la pena de prisión, solicita 6 años y 10 meses de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 4.800 euros.
Los hechos se remontan al 9 de diciembre de 2019. Ese día, el denunciante, un ciudadano belga de 70 años que reside desde 2015 en Bigues i Riells (Barcelona), se encontraba en la T2 dispuesto a embarcar en un vuelo a Bruselas para pasar la Navidad con su familia, cuando el personal de seguridad detectó, al atravesar los arcos, que llevaba algo oculto bajo la ropa.
“Le expliqué que era una bolsa de estómago porque me habían operado de cáncer de colon en enero de 2018 en el Hospital General de Granollers”, relató el denunciante, que declaró en catalán con la ayuda de un traductor, ya que la vista oral se desarrolló mayoritariamente en castellano.
El pasajero explicó que le resultaba muy incómodo mostrar en público la bolsa, destinada a recoger heces, pero que el vigilante avisó a los dos guardias civiles acusados y que se sintió forzado a bajarse los pantalones y enseñarla allí mismo: “Cedí a la presión porque comenzaba a pensar que no podría coger el avión”.
Al final de la cinta de equipajes, los agentes le reclamaron el documento de identidad para tramitar una denuncia por alteración del orden público. Él entregó la documentación y les hizo saber que no hablaba castellano y que apenas lo comprendía: “Les expliqué que mi lengua materna es el neerlandés, pero que hablo francés, inglés, alemán y catalán, y que si tenía que escoger una de las cuatro escogía el catalán porque estábamos en Catalunya”.
Según su versión, los guardias civiles le indicaron que debía expresarse en castellano, un idioma en el que no podía comunicarse porque, cuando se instaló en Catalunya, aprendió catalán para relacionarse con los vecinos del municipio. Asegura que no quisieron escucharle y que uno de ellos llegó a manifestar: “Estamos en España y se habla español”.
Después lo llevaron a una sala, donde registraron todo su equipaje y, en presencia de 6 guardias civiles, tuvo que quitarse de nuevo el jersey, la chaqueta, los zapatos y bajarse los pantalones para mostrar otra vez la bolsa, sin que se le aclararan las razones: “Me sentí humillado, ofendido, herido en mi dignidad como ser humano”.
Siempre según su testimonio, mientras los agentes redactaban la primera denuncia volvieron a preguntarle por su localidad de residencia, anotando el nombre de forma errónea y cuestionando si estaba en Andalucía o en Murcia. Al advertirles del fallo, le impusieron una segunda denuncia por desobediencia, tras lo cual uno de ellos comentó: “Este hoy no vuela”.
Cuando finalmente accedió al avión y se sentó, tras unas “dos horas”, entró un vigilante de Aena que habló con la tripulación. Poco después fue llamado por los empleados, que le informaron de que debía abandonar el aparato por orden de la policía y que su maleta le estaría esperando en la sala de equipajes. El denunciante afirmó que está convencido de que, si hubiera hablado en castellano, la actuación policial habría sido distinta.
Versión de los guardias civiles
Uno de los guardias civiles procesados, con 17 años de servicio en el Aeropuerto de Barcelona, declaró que el personal de seguridad les requirió porque el pasajero se encontraba alterado y “vociferando” en la zona de los arcos, ya que son los vigilantes quienes tienen la competencia para revisar objetos potencialmente peligrosos.
Detalló que se dirigió a él en castellano, idioma que asegura es el único que habla, y que le indicó que debían comprobar en una sala, para preservar su intimidad, qué llevaba adherido en el abdomen, pero que el pasajero no atendía a las indicaciones: “El señor no entendía o no quería entender”.
Negó haberle exigido que hablara en castellano, aunque admitió que le dijo que no sabía catalán y que se ofreció a comunicarse en inglés o francés. Sostiene que el denunciante rechazó estas opciones porque no quería colaborar y que su única intención era llegar cuanto antes a la puerta de embarque.
Tras la inspección visual en la sala, en la que verificó que “efectivamente era un bolsa de colostomia” y que no representaba riesgo alguno para la seguridad, avisó a la compañía aérea de la conducta que, según él, había mostrado el pasajero. Insistió en que ellos “jamás” dijeron que no volaría, ya que no tienen facultades para tomar esa decisión.
La otra agente acusada declaró que el pasajero les comentó que hablaba catalán y otros idiomas, que evitó mantener cualquier conversación con ellos y que se dirigió a recoger sus pertenencias en la cinta sin querer someterse a la inspección.
Preguntada si solicitaron un intérprete de catalán, respondió que no, porque ella se maneja en inglés y que le pidió el pasaporte en ese idioma, pero que “en ningún momento” le exigieron que hablara en castellano.
Posturas de la acusación, la Fiscalía y la defensa
La acusación particular, representada por la abogada Laia Homs, defendió que la intervención policial fue “desproporcionada”, que el pasajero no provocó altercados en el aeropuerto y que en las grabaciones se aprecia cómo el resto de viajeros continúa pasando con normalidad, sin que se observe que él estuviera gritando ni realizando aspavientos.
Sostiene que el pasajero fue objeto de discriminación y humillación por expresarse en catalán, que se le sometió a un registro “improcedente”, que las denuncias administrativas carecían de fundamento y que se ejerció una coacción para obligarle a bajar del avión una vez ya había embarcado.
La fiscal, que interesó la absolución de los dos guardias civiles, argumentó que no ha quedado acreditado que se le ordenara hablar en castellano ni que se le instara a mostrar la bolsa en público, y que, si lo hizo, fue de 'motu proprio'. Añadió que los agentes no actuaron en los arcos de seguridad y que siguieron el protocolo al efectuar una simple inspección en una sala: “Las imágenes son tozudas”.
Las defensas de los procesados, ejercidas por la Abogacía del Estado, reclamaron igualmente una sentencia absolutoria y calificaron el relato de la acusación de “absolutamente falso”, sosteniendo que las grabaciones reflejan una realidad muy distinta y que el denunciante mantuvo una actitud de desobediencia y alteración en el control.
Aseguran que fue el propio pasajero quien “espontáneamente” mostró la bolsa ante el personal de seguridad, sin que los guardias civiles estuvieran presentes en ese momento, y que su comportamiento justificó la primera intervención de los agentes, que trataron de comunicarse con él en varios idiomas, mientras él hacía caso omiso de sus instrucciones.