La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real celebrará el próximo martes, 3 de marzo, el juicio contra B.O.F., un empresario acusado de un delito continuado de agresión sexual sobre una trabajadora de su compañía, que tiene reconocida una discapacidad psíquica del 65%. La Fiscalía interesa para él una condena de 15 años de prisión.
De acuerdo con el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, la mujer estaba contratada como empleada en la empresa de limpieza del procesado, con quien mantuvo entre 2019 y 2023 una relación sentimental paralela a su matrimonio, produciéndose “encuentros frecuentes en los centros de trabajo donde ella prestaba servicios”.
El Ministerio Fiscal relata que, entre julio de 2022 y febrero de 2023, esos encuentros derivaron en un componente sexual y tuvieron lugar en distintas comunidades de propietarios donde la denunciante realizaba labores de limpieza, en la oficina del acusado e incluso en la vivienda familiar del mismo, aprovechando que en esos momentos no se encontraban allí sus familiares.
Según la acusación pública, el empresario, conocedor de la discapacidad de la trabajadora, se habría valido de su especial situación de vulnerabilidad para mantener relaciones sexuales por vía oral.
El informe de los médicos forenses incorporado al escrito del fiscal concluye que la denunciante no presentaba un nivel adecuado de conciencia y voluntad para otorgar un consentimiento libre a este tipo de prácticas sexuales, atendiendo a su patología psiquiátrica y a su carácter fácilmente influenciable, especialmente en relación con la figura del acusado como superior jerárquico.
Por estos hechos, la Fiscalía reclama para B.O.F. una pena de 15 años de prisión por un delito de agresión sexual con acceso carnal por vía bucal, así como la imposición de diversas penas accesorias y una indemnización de 30.000 euros a favor de la víctima.
Asimismo, el Ministerio Público pide que se prohíba al acusado acercarse a menos de 200 metros de la mujer, de su domicilio, de su puesto de trabajo o de cualquier otro lugar que frecuente, y que se le impida comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de 20 años.
La Fiscalía solicita además la inhabilitación especial durante 20 años para el ejercicio de cualquier profesión u oficio que suponga trato directo y habitual con menores, junto con la medida de libertad vigilada durante 10 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.