La Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión para V.M.G., acusado de cometer abusos sexuales de forma continuada contra su hija, unos hechos que habrían comenzado cuando la menor tenía doce años. El juicio está señalado para este jueves, 5 de febrero, en la Audiencia Provincial de Cuenca.
Según se recoge en el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, tras declararse en 2011 la paternidad biológica de V.M.G., la menor inició con él una relación paternofilial considerada habitual y normalizada, pasando fines de semana alternos en la vivienda del acusado.
De acuerdo con la versión del Ministerio Público, era en esos periodos de visita cuando, durante los desplazamientos en coche hacia el domicilio, V.M.G., movido por un ánimo "absolutamente libidinoso", se desviaba hacia un camino apartado. Aprovechando la confianza propia del vínculo entre ambos, realizaba a la menor tocamientos por debajo de la ropa en el pecho y en sus partes íntimas, y la instaba a que le abrazara, a que le tocase los genitales o incluso a que se los restregara contra su cuerpo, "careciendo su hija, por su corta edad, de cualquier capacidad o posibilidad de evitar tal situaciones", según la Fiscalía.
La acusación sostiene que estos supuestos abusos se prolongaron de manera reiterada, al menos hasta que la joven cumplió los quince años. La víctima decidió interponer denuncia en agosto de 2022.
El Ministerio Fiscal califica estos hechos como un delito continuado de abuso sexual contemplado en los artículos 183 1 y 4 apartado d), 191, 192 y 74 del Código Penal, en la redacción vigente en el momento de los hechos, que se considera más favorable al acusado y que se corresponde con el actual delito de agresión sexual del artículo 181 1 y 4 apartado e), tras la reforma introducida por la conocida como "Ley del solo sí es sí".
Por este delito, la Fiscalía interesa la imposición de seis años de cárcel y otros seis años de libertad vigilada, junto con la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante el mismo periodo. Además, solicita la prohibición de acercarse a la víctima y de comunicarse con ella durante siete años, así como el pago de una indemnización de 2.000 euros en concepto de responsabilidad civil.