El subinspector de la Policía Local de Granada, ya condenado a dos años y ocho meses de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual contra su expareja, se sienta de nuevo en el banquillo este lunes acusado de vulnerar en varias ocasiones la orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a la mujer.
Según han informado a Europa Press fuentes del procedimiento, la vista oral se celebrará a puerta cerrada en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada, dada la naturaleza de los hechos y para preservar la intimidad de la víctima.
La Fiscalía y la acusación particular, que ejerce la propia víctima, sostienen que el agente habría incumplido de forma reiterada la orden de alejamiento dictada en 2023 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, una medida que incluía un dispositivo telemático de control.
La mujer denunció en varias ocasiones incidencias y manipulaciones en la pulsera telemática, algunos de cuyos episodios se enjuiciarán ahora, mientras que otros continúan bajo investigación en una causa separada.
El subinspector atribuye esas incidencias a situaciones cotidianas, como momentos en los que habría sumergido el dispositivo en la playa, otros en los que practicaba barranquismo y el aparato sufrió golpes, o a fallos de cobertura que, según su versión, habrían provocado las alertas.
Sin embargo, tanto el Ministerio Público como la acusación particular consideran que se trata de actuaciones “premeditadas” destinadas a generar “malestar en la víctima”, que, a raíz de los avisos sonoros del dispositivo, “rememora” episodios de “estrés y ansiedad”.
La Fiscalía interesa para el subinspector una condena de multa de 5.400 euros y el pago de 3.000 euros en concepto de indemnización a la víctima por el daño moral causado.
Por su parte, la acusación particular reclama la pena máxima prevista para este delito, con una multa de 7.200 euros y una indemnización de 6.000 euros, al considerar que el agente, por su experiencia profesional y sus conocimientos técnicos, es “perfectamente conocedor” de las consecuencias de sus actos.
En diciembre pasado, el Juzgado de lo Penal 5 de Granada lo condenó a dos años y ocho meses de cárcel por un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico sobre su entonces pareja.
Esta resolución ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada tanto por la defensa, que solicita su libre absolución, como por la Fiscalía y la acusación particular, que piden un incremento de la pena. El asunto está pendiente de que el tribunal señale fecha para la vista del recurso.