La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha fijado para el 15 de abril de 2026 el comienzo del juicio oral contra un hombre acusado de difundir de forma reiterada en TikTok vídeos con amenazas, injurias y calumnias dirigidas a jueces, fiscales, agentes de la Guardia Civil y a una mujer reconocida como víctima en un procedimiento de violencia de género.
El señalamiento deriva de un procedimiento abreviado tramitado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera, que acordó transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado al apreciar indicios suficientes de la posible comisión de varios delitos.
Según el auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, el investigado habría subido 142 vídeos de elaboración propia entre el 18 de octubre de 2024 y el 7 de marzo de 2025, de los que al menos 50 contendrían expresiones amenazantes, insultos y calumnias especialmente graves contra autoridades judiciales y fiscales, miembros de la Guardia Civil de Garrucha y la denunciante en la causa de violencia de género.
Las pesquisas se sustentan, entre otras pruebas, en el atestado elaborado por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha, donde se recoge el visionado y la transcripción íntegra de los vídeos difundidos en el perfil de TikTok atribuido al encausado.
En dicho informe se recogen expresiones en las que el procesado se dirigía a jueces, fiscales y agentes empleando términos como “corruptos” o “podridos”, además de lanzar amenazas directas y mensajes de hostigamiento continuado, tanto contra las instituciones como contra la mujer protegida por una orden judicial, lo que los investigadores califican como un “acoso insistente y reiterado” con difusión pública en redes sociales.
El juzgado instructor destaca que los hechos se habrían prolongado en el tiempo, con un número muy elevado de publicaciones, en las que también se observa una referencia constante al procedimiento de violencia de género en el que el acusado estaba implicado, así como menciones al funcionamiento de la Administración de Justicia y al dispositivo telemático de control que tenía impuesto.
En el escrito de acusación, firmado por el abogado Miguel Martínez en representación de la mujer, se interesan un año de prisión por un delito continuado de amenazas, dos años por un delito continuado de calumnias e injurias, cuatro años por un delito de atentado contra la autoridad, otros cuatro años por un delito de obstrucción a la justicia, un año por un delito de quebrantamiento de condena y dos años por un delito contra la integridad moral.
Además, se reclama que el acusado indemnice con 70.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales y las secuelas psicológicas que se le atribuyen.
La defensa del procesado, por su parte, ha solicitado su libre absolución en un escrito en el que sostiene que los hechos “no son constitutivos de delito alguno” y cuestiona la autenticidad de cerca de una treintena de los vídeos incorporados a la causa, al entender que “no coinciden el autor real y el aparente”.
En la causa consta igualmente un informe médico forense emitido durante la fase de instrucción para valorar la imputabilidad del acusado, elaborado a partir de una exploración clínica y del estudio de los antecedentes incorporados al procedimiento, que se ha propuesto como una de las pruebas a practicar en la vista señalada para abril.