QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, está convocado en el Tribunal Supremo a las 10:00 horas del próximo jueves para aclarar acusaciones basadas en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este informe lo identifica como “gestor y custodio” de ciertos fondos “opacos” supuestamente relacionados con sobornos por adjudicaciones públicas.
El magistrado Leopoldo Puente ha solicitado la presencia de García tras recibir un informe adicional de la UCO, que afirma que él “actuó como custodio y gestor del dinero de Ábalos”, y que ciertos gastos del exministro eran cubiertos y gestionados por García “con vistas a una eventual restitución institucional”.
Según la UCO, existía una reserva de dinero en efectivo que Koldo manejaba para pagos personales de Ábalos, como la manutención de un hijo, servicios domésticos o regalos para parejas. La Guardia Civil también destacó que tanto Koldo como Ábalos recibieron pagos en efectivo del PSOE, algunos con justificantes y otros sin ellos.
En sus comunicaciones, Koldo y su entonces esposa, Patricia Uriz, mencionaban que no todos los fondos eran suyos, sino de Ábalos, refiriéndose a ellos con términos codificados como “chistorras”, “soles” y “lechugas”.
El juez ha notado que tanto Ábalos como Koldo podrían haber mantenido métodos opacos de manejo financiero, posiblemente derivados de actividades ilícitas, según las acusaciones. Mientras tanto, Ábalos, que también fue llamado a declarar, optó por el silencio, alegando sentirse indefenso al no contar con un abogado de confianza.
Koldo, preparado para enfrentarse a la justicia
Este jueves, además de su citación, Koldo enfrentará una audiencia para revisar las medidas cautelares impuestas, como la prohibición de salida del país y la obligación de comparecencias quincenales. Su entorno afirma que está preparado para una posible prisión provisional, una medida que hasta ahora solo ha afectado a otro implicado en la trama.
La defensa de García ha solicitado al Supremo que desestime partes de la investigación que excedan lo autorizado por el Congreso para investigar a Ábalos, enfocándose solo en las supuestas irregularidades en adjudicaciones durante la pandemia.
