QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El que fuera asesor ministerial, Koldo García, ha reiterado ante el juez su solicitud para que se le reconozca como acusación particular en la investigación abierta en los juzgados de Madrid sobre la exmilitante socialista Leire Díez, a la que se atribuye haber ofrecido presuntamente favores a cambio de obtener información contra miembros de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.
En un nuevo escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, su defensa recuerda que ya formuló esta misma petición el pasado 6 de noviembre. Sin embargo, el magistrado Arturo Zamarriego aún no ha dictado resolución alguna sobre esa primera solicitud, motivo por el que García insiste ahora en que se pronuncie.
Su abogada sostiene que esa falta de respuesta judicial “limita el ejercicio efectivo de su derecho de defensa y de su derecho a la tutela judicial efectiva, al impedirle intervenir con plenitud en las diligencias que se acuerden y en las resoluciones que puedan afectar directamente a sus intereses”.
En el mismo escrito, la letrada subraya que, “a fin de evitar dilaciones indebidas y garantizar la correcta ordenación del procedimiento, resulta procedente que ese Juzgado se pronuncie expresamente sobre la admisión de la personación ya verificada, reconociendo a mi representado su condición de acusación particular y acordando que se le dé traslado de cuantas actuaciones se practiquen en lo sucesivo”, según concluye el documento remitido al juzgado.
Conviene recordar que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, de quien Koldo García fue asesor, también reclamó en noviembre ser tenido por personado en la causa después de enterarse por la prensa de las supuestas reuniones en las que Díez habría asegurado mantener una “estrecha relación” con dirigentes políticos y tener “bajo su control y asesoramiento” la defensa de varias personas investigadas, entre ellas la del propio exministro, “con el fin de gobernar su defensa jurídica en beneficio” del PSOE.
El procedimiento se centra en la figura de Leire Díez, a la que el juez atribuye el papel de presunta cabecilla de un entramado en el que también sitúa al empresario Javier Pérez Dolset. Según la investigación, ambos habrían intentado obtener información sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y sobre fiscales de Anticorrupción.
De acuerdo con el auto del instructor, la exmilitante socialista “lidera” una “actuación delictiva, continuada y coordinada” con Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol —tercer investigado en la causa— para “recabar información comprometida o irregular” con el propósito de “anular o malbaratar” pesquisas en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”.
