Koldo pide al Supremo que exija fianza a Aldama por su “exuberante capacidad económica” en el caso de las mascarillas

Koldo reclama al Supremo que también obligue a Aldama a prestar fianza por el caso de las mascarillas, alegando su elevada capacidad económica.

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El empresario Víctor de Aldama, a su salida de declarar ante el juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Carlos Luján - Europa Press

El empresario Víctor de Aldama, a su salida de declarar ante el juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Carlos Luján - Europa Press

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El exasesor ministerial Koldo García ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que imponga también al empresario Víctor de Aldama una fianza, en términos similares a la fijada para él y para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, ante el juicio por las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, atendiendo a su “exuberante capacidad económica y solvencia material”.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la representación legal de Koldo subraya que en la causa hay tres procesados y que la responsabilidad civil es “solidaria entre todos ellos”.

La defensa alerta de que “parece desprenderse” que “únicamente se van a incoar piezas de responsabilidad civil frente a los acusados que están en prisión”, en referencia a Koldo y Ábalos, internos desde el pasado 27 de noviembre en la prisión madrileña de Soto del Real por orden del magistrado instructor, Leopoldo Puente.

Por este motivo, el exasesor de Ábalos reclama que se extienda la responsabilidad civil a Aldama, de quien recuerda que “se autodefine como 'empresario de éxito' y a quien ya se le incautó un vehículo de alta gama”.

Denuncia de desigualdad económica entre los acusados

Koldo denuncia “una palmaria y flagrante asimetría financiera entre los encausados”, y sostiene que tanto él como Ábalos “adolecen de una situación de precariedad económica que les impide, de forma pública y notoria, sufragar los honorarios de su defensa técnica o atender las cargas hipotecarias de sus viviendas habituales”.

Frente a ello, su defensa resalta que “Aldama ha hecho gala de una exuberante capacidad económica y solvencia material”.

El exasesor añade que, según distintas informaciones periodísticas, Aldama “acredita un alto nivel de vida incompatible con una situación de embargo o limitación de recursos”.

En esa línea, detalla que el empresario llevó a cabo, durante un viaje a Ibiza, un “despliegue de gasto suntuario” que incluyó el uso de un jet privado, el alquiler de una villa de lujo, la utilización de vehículos de alta gama y desembolsos en restaurantes y comercios de lujo, que “arrojan importes manifiestamente elevados”.

“Todo ello constituye un indicio racional de una solvencia patrimonial suficiente para garantizar las eventuales responsabilidades civiles derivadas del proceso”, concluye el escrito.

Plazo de cinco días y peticiones de cárcel

El Tribunal Supremo concedió este lunes un plazo de cinco días al exministro y a su antiguo asesor para que cada uno deposite una fianza de 60.000 euros en cualquiera de las modalidades previstas, advirtiéndoles de que, en caso de no hacerlo, se procederá al embargo de “bienes de su propiedad en cantidad suficiente para cubrir la suma reclamada, debiendo acreditar su insolvencia caso de que carezca de metálico o bienes susceptibles de embargo”.

La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para de Aldama. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición a 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario reclaman la misma pena que el Ministerio Público.

En sus escritos de defensa, tanto Ábalos como Koldo proclaman su inocencia y sostienen que no incurrieron en delito alguno en la presunta trama de mascarillas por la que serán juzgados junto a Aldama, quien ha reconocido los delitos que se le atribuyen a cambio de una rebaja en la petición de condena de cara al juicio, previsto para los próximos meses.