La defensa del exasesor ministerial Koldo García ha pedido al Tribunal Supremo (TS) “la retransmisión íntegra y en directo” del juicio por las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, del mismo modo que se procedió con la vista oral del juicio del 'procés'.
La abogada Leticia de la Hoz ha formalizado la petición mediante un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que subraya que se trata de “un proceso de indudable relevancia pública”, en alusión al juicio contra Koldo, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, cuya celebración está fijada para el 7 de abril.
En su argumentación, sostiene que “la publicidad no solo es un deber del tribunal, sino un derecho del acusado para garantizar que el enjuiciamiento se somete al escrutinio de la sociedad”.
Defiende igualmente que la emisión abierta del juicio “es el instrumento más eficaz para permitir que la ciudadanía conozca de primera mano las pruebas y declaraciones” de todas las partes implicadas, lo que impediría, según remarca, que el honor de Koldo “dependa exclusivamente de interpretaciones parciales”.
Recuerda que su defendido “ha sido sometido a una exposición mediática sin precedentes” que ha superado “lo estrictamente profesional” para “adentrarse en detalles de su vida privada”, generando “un juicio paralelo y un escarnio público constante”.
En esta línea, De la Hoz aprecia “la afectación a su buen nombre de manera masiva y pública”, por lo que entiende que “la justicia exige que la vía para su potencial restauración sea de igual magnitud”.
Referencia al juicio del procés y límites del Supremo
La letrada toma como referencia el juicio del 'procés', en el que el tribunal “acordó la retransmisión íntegra, en directo y mediante señal institucional de todas las sesiones del juicio oral, estableciendo que la máxima transparencia es el mejor antídoto contra la desinformación y la herramienta más eficaz para garantizar un proceso justo ante la opinión pública”.
Insiste en que “la presencia de las cámaras no busca el espectáculo, sino que el acto de juzgar sea percibido como lo que es: una aplicación rigurosa de la ley, sometida al escrutinio público”.
Por ello, sostiene que la emisión completa y sin interrupciones de las sesiones “es la mejor defensa frente a la manipulación informativa”: “Al ofrecer una señal institucional objetiva, el tribunal garantiza que cualquier ciudadano, con independencia de su ideología, tenga acceso directo a la fuente de la noticia, evitando que el relato de lo sucedido en el plenario sea sustituido por interpretaciones interesadas o fragmentarias”.
Sin embargo, al igual que en el procedimiento seguido contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el Supremo ha precisado que los medios de comunicación contarán con una señal institucional de la vista, que podrán recoger en los espacios habilitados dentro del alto tribunal, como la sala de prensa.
Además, ha establecido que dicha señal solo podrá emplearse por los medios acreditados para la elaboración de piezas informativas y que únicamente se podrán difundir los fragmentos que consideren necesarios para esas informaciones, quedando expresamente prohibida la retransmisión íntegra o parcial de la señal, tanto en directo como en diferido.