El exasesor ministerial Koldo García ha registrado este martes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el auto dictado por el Tribunal Supremo (TS) el pasado 3 de marzo, en el que se autorizaba la apertura del juicio por las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas, previsto para el próximo 7 de abril, solicitando además que la causa se remita a la Audiencia Nacional (AN).
En el escrito de amparo, al que ha tenido acceso Europa Press, la letrada de García, Leticia de la Hoz, sostiene que se han conculcado sus derechos fundamentales, en línea con lo ya planteado ante el TS el pasado 17 de marzo y que fue desestimado por el alto tribunal.
En esta nueva impugnación, la defensa detalla once preceptos constitucionales que considera lesionados, entre ellos el derecho a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley y a la práctica de la prueba pertinente.
El equipo jurídico de Koldo mantiene que el Supremo habría dejado de ser competente para enjuiciar los hechos tras la renuncia de José Luis Ábalos a su escaño a finales de enero y la consiguiente desaparición de su aforamiento, y reprocha al tribunal haber "priorizar el rigorismo de los plazos y la comodidad judicial sobre los derechos fundamentales".
Una "indefensión a ciegas" por las pruebas tecnológicas
De la Hoz denuncia una situación de "indefensión a ciegas" al afrontar un juicio oral "sin haber podido analizar ni contradecir las pruebas tecnológicas que sustentan la acusación". Por ello reitera su petición de acceso a "la copia de los teléfonos" de los investigados intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según el recurso, "la UCO ha realizado una interpretación sesgada y descontextualizada de los mensajes. La falta de acceso a la fuente original impide a los peritos de la defensa construir una línea temporal verificable, analizar los metadatos y revisar la coherencia cronológica de las comunicaciones para desmontar las hipótesis policiales y aportar el verdadero contexto de las conversaciones".
Con ese acceso, la defensa de Koldo pretende "contrastar si las deducciones, que no hechos, que hacen los agentes se corresponden o no con la realidad", al entender que se está vulnerando "el derecho a la prueba y a la igualdad de armas derivada de la restricción injustificada al acceso a los datos en bruto y la consiguiente quiebra de la cadena de custodia electrónica".
El escrito subraya que resulta "vital" fijar con precisión el momento en que se inició la investigación forense para aclarar si "las fuerzas de seguridad iniciaron pesquisas de forma indiscriminada o si realizaron una investigación clandestina" sobre Ábalos, entonces aforado, "de manera previa a obtener la preceptiva autorización del Congreso de los Diputados", lo que, a juicio de la defensa, implicaría una "vulneración constitucional grave".
Aldama y un "pacto opaco extraoficial"
El recurso sostiene que "el relato acusatorio se sostiene en un pacto opaco extraoficial" con el empresario y también procesado Víctor de Aldama, al que se habrían ofrecido ventajas penales "prometiendo beneficios penales a cambio de incriminar" a Koldo.
"Con este pacto clandestino se fabrica inadvertidamente una 'verdad de artificio' y nos obliga a entrar al juicio en una posición de absoluta inferioridad", se afirma en el documento.
Asimismo, la representación legal de García critica que a quienes habrían resultado beneficiados por las supuestas conductas ilícitas se les conceda "una inmunidad indebida a cambio de testimonios incriminatorios".
La Fiscalía Anticorrupción interesa penas de 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama, que ha admitido los hechos que se le imputan.
Por otro lado, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su antiguo asesor --ambos en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre--, mientras que para el empresario solicitan la misma condena que plantea el Ministerio Público.