El que fuera asesor ministerial, Koldo García, ha registrado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo en lo que constituye su último intento de detener el juicio por las presuntas irregularidades en la contratación de mascarillas y lograr que el procedimiento se remita a la Audiencia Nacional (AN).
Mediante este incidente de nulidad, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Koldo solicita que se deje sin efecto de forma "radical" el auto de la Sala de lo Penal que desestimó sus argumentos y los del exministro José Luis Ábalos en la vista preliminar celebrada en febrero, previa al juicio señalado para el próximo 7 de abril en el Supremo y que se prolongará hasta finales de mes.
"Y en consecuencia se acuerde la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse dicha resolución", reclama la defensa, al entender que "se han violado sus derechos constitucionales fundamentales".
La letrada Leticia de la Hoz invoca, entre otros, el derecho a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley y a utilizar los medios de prueba pertinentes.
La representación de Koldo reprocha al Supremo haber "ignorar el devenir material de la causa en favor del rigorismo de los plazos" al desoír su alegato sobre la "pérdida sobrevenida de competencia" del alto tribunal para enjuiciar los hechos tras la renuncia de Ábalos a su escaño a finales de enero y la consiguiente desaparición de su aforamiento.
A juicio de la defensa, "la solución jurídicamente ortodoxa y respetuosa con los derechos fundamentales, una vez desaparecida la condición de aforado de Ábalos, no es retener el enjuiciamiento en el Tribunal Supremo, sino acordar la inhibición y remisión íntegra de la causa a la Audiencia Nacional, devolviendo así el conocimiento del asunto al juez ordinario predeterminado por la ley".
La polémica por la no recusación de Sánchez Melgar
En el escrito también se cuestiona que fuese rechazada su solicitud de apartar al magistrado Julián Sánchez Melgar, al haber sido fiscal general del Estado a propuesta del PP, tratándose de un "procedimiento con una fortísima carga política", en el que se investiga a un exministro y a su asesor de un partido concreto (PSOE)".
"El hecho de que uno de los magistrados juzgadores haya ocupado la cúspide del Ministerio Fiscal a propuesta del partido político rival (Partido Popular), el cual además actúa como origen de las denuncias y actúa de portavoz de la acusación popular, destruye la apariencia de imparcialidad ante el acusado y la sociedad", sostiene la defensa.
Según sus abogados, que Koldo sea enjuiciado por este magistrado (junto a otros seis) vulnera su derecho a un tribunal que ofrezca "garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima sobre su neutralidad política".
"Un observador objetivo, no aquejado de corporativismo, apreciaría que el nombramiento de Sánchez Melgar por un gobierno apoyado por el partido que ejerce aquí la acusación es motivo suficiente para entender quebrada la apariencia de imparcialidad", añade el escrito.
La abogada subraya además que se ha obligado a la defensa "a litigar en otro tribunal", la AN, para poder practicar diligencias que, afirma, les van a "incriminar" en el juicio oral ante el Supremo y les abocan "a entrar al juicio oral ejerciendo una auténtica 'defensa a ciegas'".
En este procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama, que ha admitido los hechos que se le imputan. A su vez, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, solicitan 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor --ambos en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre--, mientras que para el empresario piden la misma condena interesada por el Ministerio Público.