La defensa de Koldo García, exasesor ministerial, ha solicitado al Tribunal Supremo que exija a la Dirección General de la Guardia Civil la identificación de los agentes que accedieron a bases de datos policiales para recopilar información sobre él. Esto con el objetivo de determinar si fue objeto de investigación por parte de un miembro de la Benemérita en el ‘caso Gaslow’ de 2021, antes de que el ‘caso Koldo’ se hiciera público en 2024.
Este requerimiento se ha presentado en un documento al que Europa Press ha tenido acceso, y que se entregó al juez Leopoldo Puente, quien lleva la causa en la que García está siendo investigado por supuestamente participar en una red de cobro de comisiones ilegales, junto a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.
La defensa de García argumenta esta solicitud basándose en conversaciones interceptadas en otro caso, conocido como ‘caso Gaslow’, que investiga un fraude de hidrocarburos entre 2020 y 2021. En abril de 2021, Juan Vicente Bonilla, antiguo miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, intercambió mensajes con un ‘confidente’ sobre García.
En respuesta a las alegaciones de irregularidades en la investigación, el magistrado Santiago Pedraz, encargado del ‘caso Gaslow’, afirmó en junio que la investigación se ha llevado a cabo de manera legal y sin manipulaciones por parte de la UCO, asegurando que de haber detectado alguna irregularidad, se habría actuado en consecuencia.
QUIERE SABER SI HA HABIDO UNA INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA
Leticia de la Hoz, abogada de García, ha expresado ante el Supremo que con esta petición se busca ‘acreditar si ha existido o no una investigación de carácter prospectivo’ contra García. Además, recalca que cualquier evidencia obtenida de tal investigación podría ser considerada nula por vulneración de derechos fundamentales.
Por ello, ha pedido al magistrado que solicite a la Guardia Civil un ‘informe de auditoría detallado’ realizado por su departamento de Asuntos Internos o el órgano competente. Además, la defensa exige conocer los nombres de los agentes de la UCO y las fechas exactas en que realizaron las consultas sobre García, así como un seguimiento de la trazabilidad de los accesos a registros mercantiles, datos catastrales, cuentas bancarias y cualquier otro dato al que los agentes tengan acceso en el ejercicio de sus funciones.