La Abogacía del Estado ha recortado también su petición de prisión por los vertidos contaminantes de Sniace al río Saja-Besaya, efectuados sin autorización entre 2008 y 2010, y reclama ahora seis meses de cárcel para cada uno de los ocho procesados: el antiguo jefe de operaciones de la planta de Torrelavega y siete exconsejeros, entre ellos el presidente de la sociedad, Blas Mezquita.
Esta representación, que actúa como acusación particular por los daños causados al cauce fluvial y al entorno natural, se ha sumado a la postura de la Fiscalía, que solicita igualmente medio año de prisión para los acusados. Se trata del segundo juicio para estos hechos, después de que se anulara de forma parcial la vista anterior y la sentencia que les había impuesto tres meses y medio de cárcel por un delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales.
En el nuevo juicio, celebrado la semana pasada y esta ante la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander, la acusación pública ha suprimido la continuidad delictiva, lo que ha supuesto una rebaja de la pena de prisión respecto a los 16 meses que reclamaba la anterior fiscal encargada del procedimiento.
Por lo demás, la Fiscalía mantiene su solicitud de que a cada acusado se le imponga una multa de 15.000 euros (con una cuota diaria de 50 euros durante 10 meses), un año de inhabilitación para desarrollar actividades vinculadas con vertidos al medio natural y el pago de la indemnización que se fije en la sentencia o en la fase de ejecución de la misma.
Por su parte, el abogado del Estado, que aprecia la concurrencia de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, reclama una sanción económica de 20 euros diarios durante 8 meses (4.800 euros), la misma inhabilitación especial por un año y que los acusados indemnicen de forma solidaria a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) en casi 50 millones de euros por los daños ocasionados, una cifra que sitúa en 49,8 millones.
Con carácter subsidiario, este letrado ha planteado la aplicación de una fórmula matemática que permitiría reducir esa cuantía indemnizatoria, si bien seguiría siendo una suma millonaria.
Ecologistas en Acción, personada igualmente como acusación particular, interesa la misma pena que la Fiscalía, salvo en lo relativo a la responsabilidad civil, ámbito en el que asume los criterios fijados por el Estado.
Las defensas, por su lado, han reiterado su solicitud de libre absolución para todos los encausados y, de forma alternativa, que se reconozcan las dilaciones indebidas en una causa que se está enjuiciando cerca de dos décadas después de las primeras diligencias.
La vista oral concluye este miércoles con la presentación de las conclusiones definitivas, los informes finales de las partes y el ejercicio del derecho a la última palabra por parte de los acusados.