La Abogacía española celebra el nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general del Estado

La Abogacía española aplaude el nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general del Estado y destaca su trayectoria en igualdad y lucha contra la violencia de género.

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La Abogacía española celebra el nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general del Estado

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El Consejo General de la Abogacía ha trasladado este miércoles su felicitación a Teresa Peramato por su designación como nueva fiscal general del Estado, un nombramiento que ha quedado formalizado con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En una nota difundida a los medios, la institución ha subrayado que Peramato “ha mostrado siempre su compromiso y colaboración con la Abogacía Española”, recordando que en 2024 fue distinguida con el premio Igualdad de la Abogacía por ser “una jurista comprometida por erradicar la discriminación por razón de sexo o género”.

El Consejo ha puesto igualmente en valor “todo su quehacer diario”, que “ha ido dedicado a trabajar en la búsqueda de soluciones para” un “grave problema social” como es la violencia de género, uno de los ámbitos en los que más se ha implicado la nueva fiscal general.

La Abogacía ha rememorado además la estrecha relación de Peramato con la institución, destacando su participación como ponente en diversos eventos organizados por el Consejo General, entre ellos el XIII Congreso Nacional de la Abogacía Española y las Jornadas anuales contra la Violencia de Género, así como en otros encuentros centrados en la igualdad y la perspectiva de género.

El acceso de Teresa Peramato a la Fiscalía General del Estado se produce tras superar todos los trámites exigidos para su nombramiento, incluido el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Posteriormente, compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que se evaluaran sus méritos y su idoneidad para el cargo.

Una vez concluido este procedimiento, el Consejo de Ministros acordó este martes su designación como fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz, quien presentó su dimisión después de ser condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo por la revelación de datos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.