El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha instado este jueves a las formaciones políticas a alcanzar cuanto antes un acuerdo para sacar adelante una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, al entender que la normativa vigente se ha quedado “obsoleta” tras tres décadas de aplicación.
En la tercera jornada del Foro organizado junto a Confilegal por el 30.º aniversario de la ley, González ha recalcado la conveniencia de actualizar el marco legal. “La ley, después de 30 años, está obsoleta”, ha reiterado.
En su intervención, ha apelado de forma directa a la responsabilidad de los parlamentarios: “Tenéis en vuestras manos la posibilidad de que se haga justicia. Es una oportunidad única para estar a la altura de nuestra democracia”.
El presidente de la Abogacía ha descrito además la situación del Turno de Oficio como “insostenible”, alertando de la pérdida de profesionales adscritos —de 45.000 en 2016 a menos de 40.000 en la actualidad— al tiempo que crecen las peticiones de asistencia jurídica gratuita.
“Este dato es una alerta del colapso del sistema”, ha señalado González, advirtiendo de que esta evolución amenaza la efectividad real del derecho a la tutela judicial efectiva.
Aun así, ha puesto en valor la labor de la profesión: “No hemos dejado de garantizar a la sociedad, ni un solo día, un servicio de altísima calidad”, con índices de satisfacción ciudadana que rondan el 80%.
González ha insistido igualmente en la urgencia de dignificar las condiciones de quienes integran el Turno de Oficio, denunciando que están “infraretribuidos”, sufren demoras en los cobros y disparidades entre territorios. “Urgen, de manera inmediata, las mejoras retributivas y de condiciones que reclamamos”, ha enfatizado, rechazando que la ausencia de nuevos presupuestos pueda servir de justificación.
En la parte final de su discurso, ha subrayado la naturaleza esencial del sistema. “El turno de oficio no es una cuestión de caridad ni de filantropía, es una obligación del Estado”, ha remarcado, para concluir que “un país que cuida el turno de oficio, cuida su Estado de derecho”.
Debate con representantes de PP, PSOE y Vox
Tras su intervención, se ha celebrado un debate en el que han tomado parte los diputados María Jesús Moro (PP), Francisco Aranda (PSOE) y Juan José Aizcorbe (Vox). Durante el intercambio, las distintas formaciones han coincidido en la conveniencia de mejorar el marco legal, aunque han evidenciado diferencias relevantes sobre el alcance y la forma de esa reforma.
En nombre del Grupo Socialista, Francisco Aranda ha remarcado el compromiso del Gobierno con la futura regulación, garantizando que la Abogacía será “escuchada, atendida y requerida para dar su opinión en la sede legislativa”. Ha defendido también que el Ejecutivo mantiene un compromiso “inequívoco” y que se han ido cumpliendo las fases previstas, si bien ha admitido que “faltan cosas” y ha llamado a seguir avanzando a través del diálogo.
Desde el PP, María Jesús Moro ha sostenido que “no se ha evolucionado en el modelo ni en los retos” en estos 30 años, lo que, a su juicio, ha derivado en importantes disfunciones. Ha lamentado que la nueva Ley de Derecho de Defensa no haya incorporado algunas de las demandas del colectivo, como el reconocimiento de que los abogados de oficio son “instrumentos de garantía del ejercicio del derecho de defensa”, y ha avisado de que, si la futura norma se limita a pequeños ajustes, “será una modificación de la nueva ley”.
Por último, Juan José Aizcorbe, de Vox, ha centrado su intervención en la necesidad de reforzar la sostenibilidad y la homogeneidad del sistema. Ha abogado por implantar mecanismos que permitan clarificar las retribuciones de los letrados y por configurar este servicio como “un servicio global del Estado”, preservando la independencia profesional, la responsabilidad individual y el ejercicio libre, además de corregir las desigualdades entre comunidades autónomas.