El Consejo General de la Abogacía Española ha dado luz verde este viernes a una nueva circular en la que se establecen criterios para el "uso responsable" de la Inteligencia Artificial (IA) en el ejercicio profesional y se subraya el deber del abogado de contrastar y verificar la información que emplea en su trabajo.
Según ha explicado su presidente, Salvador González, en rueda de prensa, el objetivo de este documento es precisar "qué derechos se ganan" y "agilizan la defensa" y "qué hechos se ponen en cuestión con su uso", de forma que se delimiten claramente las ventajas y los riesgos derivados de la aplicación de estas herramientas tecnológicas en la práctica jurídica.
González ha indicado que desde la Abogacía están "interpretando" las normas para garantizar al ciudadano que, cuando recurre a un abogado, lo hace ante un profesional sometido a un régimen disciplinario y a unos estándares de conducta ética que ofrecen seguridad jurídica.
En la misma comparecencia, el presidente de la Comisión de Deontología Profesional de la Abogacía Española, Manuel Mata, ha destacado que la IA es "una tecnología absolutamente disruptiva que va a cambiar de modo muy importante el ejercicio profesional de la abogacía" y que obligará a adaptar la forma de trabajar en los despachos.
Mata ha recordado que muchos de los conflictos asociados a la IA "ya existían con Internet", aunque ha advertido de que con "la Inteligencia Artificial se multiplican exponencialmente", por lo que resulta imprescindible extremar la prudencia y reforzar los controles internos en los despachos y en la Administración de Justicia.
Uso permitido de la IA y deber de control profesional
El responsable de Deontología ha recalcado que el empleo de sistemas de IA por parte de los abogados está permitido y ha pronosticado que su utilización se incrementará de manera "exponencial": "Esto es un Tsunami". No obstante, ha precisado que, por ahora, "los juzgados y los tribunales tienen de momento una cautela, porque ellos son quienes deciden", y ha alertado de los posibles sesgos que pueden incorporar estas herramientas.
Mata ha puesto el acento en "la deslealtad profesional" que supone un uso inadecuado de la IA y ha reiterado la necesidad de "la utilización crítica de la tecnología" por parte de los letrados. "Debe haber un control, una supervisión y un análisis crítico del resultado que te da esa herramienta", ha subrayado, insistiendo en que el abogado no puede delegar su criterio jurídico en un sistema automatizado.
En esta línea, ha avisado de que una "mala praxis" vinculada al uso de la IA puede dar lugar a infracciones graves en el ámbito disciplinario, con sanciones que pueden llegar a "la suspensión del ejercicio profesional entre más de 15 días y menos de un año", de acuerdo con el régimen deontológico vigente.
Disfunciones en la ley de eficiencia y reclamación de mejoras
En relación con la ley de eficiencia, que entró en vigor en 2025, el presidente de la Abogacía ha señalado que "se están produciendo disfunciones en muchos puntos de España" y ha reclamado la creación de una comisión de calidad que permita "conseguir que la Administración de Justicia mejore" y corrija los problemas detectados en su aplicación práctica.
"Hay disfunciones que causan indefensión", ha denunciado González, quien ha defendido la necesidad de estudiar con detalle estas incidencias para "abordarlas y hacer una propuesta de mejora" que garantice los derechos de los ciudadanos y la correcta prestación del servicio público de Justicia.
Regularización extraordinaria de inmigrantes y papel de la Abogacía
Por otro lado, González ha avanzado que la próxima semana se producirá "el primer pistoletazo" de la regularización extraordinaria de migrantes en España, un procedimiento dirigido "a una población muy vulnerable" que, según ha remarcado, requerirá un especial acompañamiento jurídico.
El presidente de la Abogacía ha reiterado su llamamiento al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que "pongan todos los medios" con el fin de que "no se produzcan retrasos" ni "colas" y para que "no haya fraude", además de "amparar" los derechos de las personas migrantes. "Vamos a estar encima de todo el proceso dando seguridad" jurídica, ha añadido.
"Es su oportunidad, es su vida y la de sus familias en un momento crítico", ha enfatizado González, quien ha reclamado "certezas" al Gobierno y ha reafirmado el compromiso de la Abogacía para "sacar del tablero de juego a todos los oportunistas y a todos los fraudulentos" que puedan intentar aprovecharse de la situación.
González ha asegurado que la organización colegial se ha preparado para este escenario desde "antes que -la reforma- estuviera en la cabeza del Gobierno" y ha recordado que hay "28.000 abogados formados en extranjería" que "están comprometidos con ese trabajo y están en la primera línea", listos para atender a los migrantes y velar por que el proceso se desarrolle con todas las garantías.