El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha designado este viernes a diez consejeros electivos, seleccionados entre un total de 80 candidaturas presentadas.
Los nuevos miembros elegidos son Javier Caballero Martínez (Navarra), Cristina Llop Velasco (Aragón), Lourdes Maiztegui González (País Vasco), Filomena Peláez Solís (Extremadura), Jesús Pellón Fernández-Fontecha (Cantabria), José Arturo Pérez Moreno (Andalucía), Jesús Sánchez García (Cataluña), Nielson Sánchez Stewart (Andalucía), Julio Sanz Orejudo (Castilla y León) y Pascual Valiente Aparicio (Andalucía), según indicó la Abogacía en una nota informativa.
La votación se celebró durante la reunión del pleno de la Abogacía Española en Madrid y, siguiendo la práctica habitual, los consejeros electos tomaron posesión de su cargo en el transcurso de la propia sesión.
El pleno del Consejo General de la Abogacía está integrado por doce consejeros electivos, abogados de reconocido prestigio, que son escogidos libremente y mediante sufragio secreto por los propios integrantes del pleno, con un mandato de cuatro años.
Estos consejeros participan, junto a los 83 decanos de los Colegios de la Abogacía y a los presidentes de los Consejos autonómicos, en el pleno de la Abogacía, donde cuentan con voz y voto en las decisiones, salvo en el proceso de elección de la Presidencia.
Durante su intervención, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, subrayó: “Asumís esta responsabilidad en un momento decisivo para la abogacía en España, y lo hacéis con el compromiso de fortalecer su independencia y su servicio a la sociedad. Recordad que nuestra labor trasciende lo técnico: somos la voz que convierte el conflicto en defensa y la defensa en justicia, sosteniendo con discreción y firmeza el Estado de Derecho”.
La función de los consejeros y consejeras electivos, que no perciben remuneración, se centra en respaldar, complementar y reforzar la labor del pleno del Consejo, desde el compromiso con la profesión y la defensa del interés general de la abogacía.
Al comienzo de la sesión plenaria, Carolina Salvador, nueva decana del Colegio de la Abogacía de Estella-Lizarra, tomó posesión como consejera de la Abogacía Española en sustitución de Bernardo Lacarra.
Durante la reunión, la Abogacía recordó que ha trasladado a los grupos parlamentarios la necesidad urgente de acordar la Pasarela al RETA para dar solución a un grave problema social que afecta a miles de profesionales y a sus familias.
Asimismo, se dio cuenta de los avances en materia de Justicia Gratuita y Turno de Oficio, así como de la reciente propuesta de reforma del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. Sobre este punto, Salvador González remarcó que estas novedades “son un avance”, aunque insistió en que se continuará trabajando para sacar adelante “las peticiones históricas e imprescindibles que reclama la Abogacía Española”.
Entre las prioridades señaladas figuran el aumento de las retribuciones y su revisión periódica, una mayor agilidad en los pagos, una especialización más amplia y la extensión de los servicios, la eliminación de las diferencias territoriales y la garantía de cobro por todas las actuaciones realizadas.
En relación con el Programa Upro, impulsado junto a Unión Profesional, se comunicó que más de 21.800 personas se han inscrito en la formación en Competencias Digitales.
También se anunció el acuerdo alcanzado con el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia para organizar un ciclo formativo sobre la Ley de eficiencia, cuya puesta en marcha está prevista para marzo.
Igualmente se informó de que la Abogacía Española y el Poder Judicial mantienen su cooperación para mejorar el funcionamiento de la Justicia, en coordinación con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Tribunal Constitucional. En el ámbito internacional se analizó la situación en Venezuela, reclamando una transición pacífica que respete el Estado de Derecho.
En la parte final del pleno se abordó el impago de cuotas del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), decidido “unilateralmente” por el ICAM, sin haber impugnado previamente los presupuestos del Consejo General. En relación con el ejercicio 2025, una vez superado el intento de inadmisión planteado por el ICAM, el procedimiento judicial continúa pendiente de resolución.
Respecto a 2026, tal y como acordó el pleno, se está preparando la correspondiente demanda para defender la legalidad y los intereses del conjunto de la abogacía. Asimismo, se analizó la decisión del ICAM, que afecta a las cuotas de nueva colegiación y al procedimiento de incorporación, de sustituir de forma unilateral el sistema estatutario por una declaración responsable y de suprimir el pago de la cuota destinada a la Abogacía Española. En este último aspecto, y a diferencia del anterior, el ICAM ha rectificado, dejando sin efecto dicha declaración, según recordó la Abogacía.