El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado que se fijen pautas claras para la regulación de las costas procesales y ha alertado de que la “calidad de vida profesional” de los letrados “se ha complicado” tras las últimas reformas en el ámbito de la justicia.
En una entrevista concedida a Europa Press, González ha reivindicado el papel de la Abogacía como profesión que hace posible “que la sociedad conviva” y que aporta los “mecanismos de resolución de conflictos”.
Al mismo tiempo, ha subrayado que el trabajo de los profesionales “se ha complicado enormemente” por el “cambio estructural” derivado de la implantación de figuras como los tribunales de instancia o los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), diseñados para resolver disputas sin acudir a los tribunales.
“Todo lo que supone un cambio estructural en el trabajo del día a día supone un reto, una formación, una adaptación al nuevo medio y la Abogacía está haciendo un esfuerzo extraordinario”, ha señalado, advirtiendo de que este no es “el momento más fácil, el momento menos exigente”.
Sobre los MASC, ha explicado que no disponen de estadísticas porque “no se registran los acuerdos alcanzados” y, en consecuencia, no es posible “valorar el impacto” real de esta herramienta.
Un modelo que garantice la sostenibilidad del sistema
González ha incidido en que “el sistema tiene que ser sostenible”, lo que implica que “los despachos de los abogados solucionen conflictos antes de llegar a la vía judicial”, una práctica que, según ha recordado, “tradicionalmente se estaba llevando a cabo por la Abogacía”.
En este contexto, ha defendido que “si hay nuevos mecanismos como la conciliación que se está impulsando, como la mediación, como tantos otros, bienvenidos sean en la medida en la que esto nos permita dar la mejor solución a nuestros clientes, a la ciudadanía y que también haga que esa convivencia deseable sea más fácil, más dinámica, a través de una resolución pronta de los conflictos”.
En relación con los tribunales de instancia, que sustituyen a los juzgados unipersonales con la finalidad de optimizar recursos, el presidente de la Abogacía ha advertido de la existencia de “disfunciones” que se “acentúan con la falta de expediente judicial”.
Ha recordado que la reforma prevé que “el profesional pueda acceder al expediente no físicamente, sino telemáticamente”, algo que “no siempre es posible por disfunciones de la tecnología implantada en los juzgados”.
La tutela judicial efectiva, “en crisis” por las costas
En los últimos meses, González viene denunciando que el derecho a la tutela judicial efectiva está “gravemente erosionado” por la ausencia de criterios claros para fijar las costas en las resoluciones judiciales.
Cuestionado sobre este asunto, ha reiterado que la tutela judicial efectiva se encuentra “en crisis” porque los abogados “no pueden informar con una mínima certeza” sobre el posible importe de las costas procesales ante la inexistencia de parámetros homogéneos.
“El momento en el que estamos ahora es un momento de extrema gravedad, que hemos trasladado al Ministerio, que hemos trasladado al Poder Judicial, que hemos trasladado a todos los actores, porque lo que está pasando hoy en España es que se ha debilitado el derecho a defensa y con ello la tutela judicial efectiva”, ha advertido.
Ha recordado que la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa “regula las costas como parte del derecho del ciudadano”, lo que “impone al abogado la obligación de informar sobre lo que va a cobrar y qué otros costes adyacentes tiene el procedimiento”.
Esta situación, ha lamentado, “está vedando el acceso a la justicia a muchos ciudadanos” y ha remarcado que “no pasa en ningún país” del entorno.
Para González, “es de una gravedad extraordinaria” que “no sepa un ciudadano cuáles son las consecuencias”, en este caso económicas, “de iniciar un procedimiento para resolver un conflicto”, algo que califica de “inaudito”.
Por ello, ha instado a articular una respuesta, “la que sea”, porque lo que está ocurriendo “es que se está minando” la tutela judicial efectiva. “Y es un derecho fundamental”, ha enfatizado.
Turno de oficio: más “retribución y consideración”
El presidente del Consejo General de la Abogacía ha exigido igualmente una mejora en la “retribución” y la “consideración” de los profesionales del turno de oficio, que, según ha recordado, “asumen una buena parte de ese servicio público que está recogido en la Constitución y que permite que todos los ciudadanos, con independencia de su situación económica, puedan acceder a la justicia”.
En relación con las demandas de los abogados de oficio para que se revisen sus condiciones, ha recordado que este año se cumplen 30 años de la aprobación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que regula el sistema.
No obstante, ha puesto de relieve carencias como que “no prevé la actualización” de las cuantías ni “el pago de todas las actuaciones” realizadas por los letrados de oficio. En este sentido, ha defendido que la justicia gratuita “es una responsabilidad de la Administración, que tiene que asumir el coste real que tiene”.
A su juicio, “es el momento de ir a una conceptualización del servicio que dan los abogados de oficio, del servicio que tiene que dar el Estado y las comunidades autónomas con transferencia al ciudadano”.
Ha avanzado, además, que la Abogacía Española mantiene contactos con otros operadores jurídicos para tratar esta reforma. “Queremos hablar con quienes tienen voz para opinar, para proponer cambios a ese proyecto del Ministerio y nos parece fundamental que escuchen a la Abogacía y que abramos ese canal para esa tramitación, ese debate parlamentario sobre lo que tiene que ser la nueva ley de justicia gratuita”.