El presidente de la Abogacía, Salvador González, ha reclamado este miércoles que se habiliten recursos suficientes para garantizar una correcta implantación y corregir las disfunciones derivadas de la reforma organizativa de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del servicio público de justicia.
“El nuevo modelo supone un cambio profundo en la estructura judicial, pero requiere ajustes para evitar impactos negativos en el funcionamiento cotidiano del sistema”, ha señalado González durante la inauguración de un curso promovido por la Abogacía Española y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), junto al presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Ernesto Casado.
A lo largo del curso se está examinando con detalle cómo la reforma organizativa de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del servicio público de justicia, en vigor desde el 3 de abril de 2025, está repercutiendo en la labor diaria de los operadores jurídicos. En este contexto, el presidente de la Abogacía ha subrayado el valor de la cooperación entre instituciones. “Cuando trabajamos juntos, la justicia avanza”, ha remarcado.
En esta primera sesión se ha analizado la implantación de los tribunales de instancia, operativos desde el 1 de julio del año pasado, que han supuesto la transformación de los 3.800 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia. Sobre este cambio, González ha indicado que se trata de “una reforma estructural con disfunciones que deben corregirse”.
En particular, ha puesto el foco en la conveniencia de simplificar “trámites para disminuir cargas y reducir tiempos” y ha incidido en la urgencia de acometer la “digitalización completa de los procedimientos judiciales”.
Posteriormente, el abogado Mateo Juan Gómez, socio de Buades Legal, María José Cañizares, integrante de la Junta Ejecutiva del CNLAJ, y el presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Cervantes, han intervenido en una mesa redonda en la que se ha examinado cómo se está materializando la implantación de los nuevos tribunales de instancia en las distintas comunidades autónomas y los desafíos que están aflorando.
El programa formativo continuará el 11 de marzo con una sesión dedicada al uso de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASCs) como requisito de procedibilidad. En relación con este asunto, el presidente de la Abogacía ha advertido de que los MASC “están generando, en algún ámbito, incertidumbre práctica que exige criterios claros y seguridad jurídica”.
También ha aludido a la transformación digital de la Justicia, que centrará la jornada del 18 de marzo. “La modernización tecnológica es imprescindible, pero debe asegurar proximidad, interoperabilidad y fiabilidad de los sistemas”, ha indicado.
En cuanto a las costas procesales, que se tratarán en la sesión de cierre del 25 de marzo, González ha alertado de que “la ausencia de criterios orientativos de honorarios para la fijación de costas compromete el derecho de ciudadanos y empresas a conocer el riesgo económico de litigar”.
Las jornadas, que se celebran en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española, se retransmiten asimismo por streaming. Son seis horas de formación de carácter eminentemente práctico, abiertas de forma gratuita a profesionales de la Justicia de distintos ámbitos, y que ya cuentan con más de 2.000 personas inscritas.
“La actualización constante a lo largo de toda la carrera es una exigencia ética y una obligación profesional para poder responder con solvencia a los cambios normativos”, ha destacado González.