El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, mantuvo este martes una reunión con la consejera de Justicia de la Comunidad Valenciana, Nuria Martínez, con el objetivo de revisar cómo avanza la implantación de los tribunales de instancia en este territorio.
El encuentro tuvo lugar en la sede de la Abogacía en Madrid y contó también con la participación de la presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía, María del Mar García Calvo, quien volvió a expresar “sus preocupaciones” en torno a la puesta en marcha de este nuevo sistema. García Calvo remarcó que, aunque “valora la escucha activa” por parte de la Consejería, considera imprescindible “se solucionen los problemas asociados a la implantación de este nuevo modelo, en particular el acceso de la abogacía al nuevo expediente digital”.
Durante la reunión se analizó igualmente la situación de la asistencia jurídica gratuita, con especial atención a los desafíos que afronta la nueva Ley que se está redactando para reemplazar a la norma vigente, que este año cumple treinta años desde su aprobación en 1996. En este sentido, el presidente de la Abogacía incidió en “la importancia de que todas las comunidades autónomas participen en la elaboración de la nueva norma para que sea aprobada por consenso en beneficio de la ciudadanía, la justicia social y el Estado de derecho”.
La presidenta del Consejo Valenciano trasladó asimismo a la consejera el reconocimiento por la gestión en materia de justicia gratuita, destacando la puntualidad en los pagos y el abono de los MASCs, si bien apuntó que sigue siendo necesario revisar y mejorar los baremos actualmente fijados.
Otro de los puntos tratados fue el impacto de los últimos desastres climáticos registrados en la Comunidad Valenciana. A este respecto, González defendió “la necesidad de regular las suspensiones de plazos procesales en situaciones de emergencia y de contar con protocolos que den seguridad jurídica en este tipo de situaciones”. Según añadió, “es algo que llevamos tiempo reclamando para salvaguardar los derechos de la ciudadanía cuando los abogados y abogadas encuentran dificultades de fuerza mayor para ejercer la defensa”.