El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha instado a la Fiscalía encabezada por Teresa Peramato a revisar "cuanto antes" el protocolo de pactos de conformidad a raíz del caso del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
"Hemos trasladado a la nueva fiscal general, prácticamente desde su toma de posesión, la necesidad de, si cabe, reforzar el protocolo. Vistas algunas fallas, la consideración que el propio Tribunal Supremo ha hecho sobre esta cuestión, reforcemos todavía más", ha señalado González en una entrevista con Europa Press.
La sentencia del Tribunal Supremo que impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación remarcaba que, "sin confidencialidad, el pacto de conformidad se aleja de su propia naturaleza y puede generar, en el caso de difusión, un irreparable perjuicio para el justiciable". "El protocolo de conformidad impone al fiscal un deber de confidencialidad, incluso cuando esa negociación se sitúa en el vestíbulo del juicio oral", añadía el fallo.
Para los magistrados, García Ortiz o alguien de su círculo, "y con su conocimiento", filtró a la prensa un correo del letrado de González Amador a la Fiscalía en el que proponía que su cliente admitiera dos delitos fiscales a cambio de evitar la prisión. El tribunal también tuvo en cuenta la nota de prensa del Ministerio Público donde se detallaba el intercambio de 'emails' entre la defensa y el fiscal.
Ese pronunciamiento llevó a la Abogacía a reclamar "la necesidad de preservar la confidencialidad en las negociaciones entre defensa y Fiscalía" y a urgir "a elaborar un nuevo protocolo de conformidad".
Según el presidente de la Abogacía Española, este episodio ha generado "una sensación de incertidumbre" y "un atisbo de inseguridad" entre los ciudadanos. "Cuanto antes reforcemos, revisemos, reactualicemos ese protocolo que ya teníamos, y al que hace referencia la sentencia, pues perfecto", ha enfatizado.
González ha pedido "no hacer abstracción del problema concreto o del momento político" y afrontar el debate "técnicamente, jurídicamente, para dar confort al ciudadano de lo que ya es una realidad" y "cerrar ese resquicio de disfuncionalidad del mecanismo".
A su juicio, las conformidades "están funcionando perfectamente en todo el territorio con respeto a esa confidencialidad y a lo que está en juego, que son los derechos de los ciudadanos en la justicia penal". "Las conformidades son un mecanismo de solución ágil que se está produciendo a satisfacción de profesionales y de ciudadanos en todo el territorio", ha reiterado.
Garantizar derechos si los fiscales asumen la instrucción
En cuanto a la reforma que prevé que los fiscales asuman la instrucción de los procedimientos penales en sustitución de los jueces, González ha recordado que "es un proyecto que se ha abordado por gobiernos de distintos signos políticos" y que ya está "implantado a nivel de Fiscalía Europea en España".
"El problema no es ese, el problema es que es un cambio estructural en la justicia de más hondo calado y requiere de mucha escucha, de mucho consenso", ha advertido, subrayando que implica "cambiar la relación de la Administración de Justicia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Ha recalcado que "lo más importante", si finalmente se aprueba, será "gestionar bien el cambio". Ha recordado que una crítica recurrente a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que transforma los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, es que "quizá se hubiera necesitado más tiempo", por lo que ha admitido que no sabe "si cinco años serán suficientes" para adaptarse al nuevo modelo en el que los fiscales instruyan.
"Pero no va tanto del periodo de tiempo, sino de la forma de gestionar ese cambio, escuchando a todos, poniendo encima de la mesa las disfunciones que pueden surgir desde un principio, avanzando en el modelo y en la gestión de ese modelo", ha añadido.
En este contexto, ha indicado que no aprecia "un problema con la Fiscalía" que deba frenar la reforma, ya que "no es esta Fiscalía General, probablemente tampoco la siguiente, la que vea o la que aborde este cambio". Ha precisado que se trata de una reforma "pensando a futuro": "Estamos pensando en algo estructural, en algo que va a cambiar algo tan importante como la justicia penal, la más severa del país".
"Y eso tiene que hacerse respetando todos los derechos de los ciudadanos en momentos claves como es una instrucción penal", ha reclamado, antes de destacar que existe "consenso" y que lo pendiente es acordar "cómo llevarla a término, que sea una realidad sin que en el camino se perjudiquen garantías".
Implantación desigual de los tribunales de instancia
Sobre los tribunales de instancia, González ha admitido que la reforma de "toda la estructura de la Administración de Justicia" provoca "sin duda, disfunciones", aunque ha puntualizado que es "un problema que en cualquier caso se tenía que producir" al acometer un cambio de este calibre.
Ha lamentado, no obstante, la falta de una "escucha activa" hacia la Abogacía, que viene reclamando la convocatoria de la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia, "donde deben de estar todos los operadores, tanto a nivel nacional como las comunidades autónomas", para poder exponer sus planteamientos y "de una vez por todas" ir "limando todas las cuestiones que están surgiendo".
El presidente de la Abogacía ha explicado que mantiene contactos con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para "entender las dificultades" y ha reivindicado que la profesión desempeña "un papel esencial" porque "es la profesión que se convierte en el altavoz del ciudadano" y la que "tiene la primera respuesta al retraso que se va produciendo en la Administración de Justicia".
También ha reclamado "criterios más uniformes en todo el territorio" para aplicar la reforma "con mayor eficacia", dado que "el nivel de implantación es irregular" entre los partidos judiciales pequeños y los de mayor tamaño, ya que los problemas "tienen que ver también con la situación de cada tribunal de instancia en cada territorio".
González ha indicado que la Abogacía ha planteado "un análisis de aquellos sitios en los que está funcionando mejor y donde hay más problemas, para buscar las buenas prácticas y abandonar aquellas que no están dando el resultado".
Asimismo, ha apelado a un entendimiento fluido entre la Abogacía y "los responsables de este cambio", en referencia a la Administración y a los Tribunales Superiores de Justicia, con el objetivo de "conseguir la mejor implantación posible del nuevo sistema".
Relación con Justicia y recursos para el cambio
En cuanto a sus relaciones con el Ministerio de Justicia, González ha explicado que ha hecho llegar al departamento que dirige Félix Bolaños su "preocupación" por "la falta de recursos" y por "la gestión del cambio, que no siempre ha sido la más idónea".
Ha exigido un refuerzo de medios y la implicación de todos los operadores en las reformas, porque "es un reto global" que requiere "cohesión" y que "se analice y monitorice el proceso de cambio" para "ver dónde está funcionando y dónde se están retrasando" los objetivos marcados.
"Colaboración, proposición, escucha y entendimiento de la situación en la que estamos", ha resumido González, para admitir que es "lógico" que existan "quejas" al tener que adaptarse a un "sistema nuevo".
En este marco, ha precisado que los vínculos con el Ministerio de Justicia "son cordiales, de carácter institucional y reivindicativas de lo que exige la profesión, queriendo sumar y aportando al proceso".