Una de las acusaciones personadas en el procedimiento penal por el accidente mortal del Saltamontes, ocurrido en agosto de 2024 durante las fiestas de Matamá (Vigo), ha expresado su malestar porque los investigados “se echan la culpa unos a otros”, sin que se haya esclarecido aún por qué la atracción estaba operativa pese a no contar con autorización municipal.
El abogado Francisco Méndez Senlle, que ejerce la acusación en nombre de la pareja de Iván Castaño, de 36 años, fallecido tras la rotura de uno de los brazos del Saltamontes, ha realizado estas declaraciones a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Vigo, tras asistir a la comparecencia, en calidad de investigado, del jefe de la Policía Local de Vigo, Alberto Carballo.
El letrado ha evitado facilitar detalles concretos sobre el contenido de la declaración, pero sí ha subrayado que “quedan diligencias por practicar” y que solicitará nuevas aclaraciones sobre el controvertido correo electrónico remitido desde la Concejalía de Seguridad a la Policía Local, en el que se advertía de que la atracción carecía de permiso al no haber presentado toda la documentación exigida. Ese correo, según consta en un informe incorporado a la causa, no llegó a ser abierto en el momento de su recepción.
“Da la sensación a veces de que unos echan las culpas a los otros y nosotros como perjudicados, mi cliente como perjudicada, quiere una explicación, necesita saber por qué una atracción que no podría funcionar se permitió que se pusiera en marcha, y no tenemos la explicación todavía”, ha recalcado Méndez Senlle.
El abogado ha avanzado igualmente que pedirá nuevas testificales de agentes de la Policía Local. Aun así, ha apuntado que la comparecencia de este jueves habría servido para confirmar que “la Policía Local hace su trabajo, y parece ser que lo hace bien”.
El letrado ha remarcado que representa a una mujer que acudió a una fiesta y que “estuvo a punto de fallecer”, ya que ocupaba el asiento contiguo al de la víctima. En este contexto, ha indicado que los investigados pueden mantener la estrategia de defensa que consideren oportuna, pero ha recalcado que, en el caso de los responsables públicos, como la concejal de Seguridad —también investigada—, existe una “responsabilidad política” y la obligación de “explicar a los ciudadanos por qué las cosas no funcionan bien, y acaban en una muerte en una fiesta”.