La familia del hombre fallecido tras una reyerta en el barrio de El Torrejón, en Huelva capital, el 16 de septiembre de 2020, reclama penas de 25 años de cárcel por asesinato con “alevosía y ensañamiento” para los once acusados, al considerar que existió “autoría conjunta”.
Por su parte, la defensa de varios de los procesados insiste en la absolución, al entender que “no puede haber once acusados con un fallecido con una única apuñalada”, además de denunciar la “falta de pruebas del autor de la puñalada”, poniendo igualmente el acento en los problemas surgidos para la constitución del jurado.
Así lo han manifestado los letrados de las distintas partes ante los medios de comunicación, antes del inicio de la segunda sesión del juicio con jurado popular que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva desde el pasado viernes, en el que se sienta en el banquillo a once personas por la muerte de este hombre en El Torrejón en 2020.
El abogado Guillem Ventura, representante de la madre y los hermanos de la víctima, ha indicado que solicita “asesinato para todos los procesados” y “con alevosía y ensañamiento”, ya que considera que “hay una colaboración y autoría conjunta”.
En relación con las peticiones de pena, ha recordado que el Ministerio Fiscal reclama para el principal acusado 15 años de prisión por homicidio y para otras cinco personas 13 años por el mismo delito, mientras que la acusación particular sostiene que “todos han actuado y que sin un plan preconcebido de todas las partes no se llega hasta el resultado del fallecimiento de la víctima”, por lo que piden 25 años de cárcel “para todos los procesados”.
Respecto al origen del conflicto, Ventura ha explicado que la reyerta se desencadenó por “un tema de unas goteras, un problema de convivencia y, a partir ahí fueron escalando de más a más”, subrayando que “no es una cuestión que se derivara ese mismo día, sino que ya hubo un aviso de amenazas personales y telefónicas por parte de los acusados hacia la víctima y a su familia”.
El letrado ha criticado igualmente que los encausados “no estuvieran en prisión preventiva”, algo que, según ha dicho, han “peleado”. “Llevan tres o cuatro años libres y la madre de la víctima tuvo que ver a los asesinos de su hijo en la calle”, ha señalado.
Sobre la composición del jurado, finalmente integrado por 18 y no por 20 candidatos como marca la ley, ha advertido de que “puede ser un peligro”, ya que “puede haber una nulidad porque no se han respetado ciertos protocolos”, aunque ha precisado que, si ese es el criterio de la magistrada, el juicio continuará, “sin perjuicio de que ahora se plantee como cuestión previa nulidades por parte de la defensa o por nuestra parte”.
Petición de absolución y dudas sobre el jurado
Desde las defensas se insiste en la absolución de los acusados y se ha vuelto a incidir en las incidencias relativas a la constitución del jurado popular, compuesto por 18 y no por 20 personas. De hecho, la vista oral tuvo que suspenderse el pasado 12 de enero porque el número de candidatos era insuficiente, lo que impidió su formación en la fecha prevista y obligó a posponer el juicio hasta el viernes pasado.
El abogado Eduardo Montaño, defensor de uno de los acusados, ha calificado el caso como “la historia de un fracaso de una investigación judicial y policial”, al entender que “no puede haber once acusados a los que le pidan 25 años cuando hay un señor fallecido con una única puñalada”.
“Entonces, traer aquí a un jurado para que averigüe lo que no ha sido capaz de averiguar ni la policía ni la instrucción judicial, pues en este momento es un juicio que no tiene sentido”, ha añadido.
En términos similares se ha pronunciado el abogado Fernando Retamar, representante de cuatro procesados, quien ha recalcado que “se trae a once personas como si fueran todos autores de ese mismo delito cuando solamente hay un hecho determinante, la muerte de esta persona” y, por ello, reclama “la libre absolución” de sus defendidos.
Retamar también ha incidido en “lo complicado” que ha resultado constituir el jurado y ha explicado que plantearon “una protesta a efecto de recurso de casación” al considerar que el tribunal popular “no está bien constituido”, lo que podría volver a alegarse “como cuestión previa, por vulneración de derechos fundamentales”, dado que “la ley taxativamente que deben ser 20 candidatos y en cambio tan solo hay 18, dos de los cuales habían sido advertidos a través del cuestionario que habían sido miembros del jurado en otro juicio”.
En cuanto a los hechos, ha resaltado que “hay versiones contradictorias” y que “aquello fue una riña tumultuaria, mutuamente aceptada desde el principio”. Según su versión, “prácticamente se inició como consecuencia no de la bondad del fallecido, sino que arremetió contra la familia de mi patrocinado y sobre todo a sus hijos, con un cuchillo de grandes dimensiones y, por tanto, se produjo esa pelea entre ambos clanes”.
En la misma línea, Montaño ha precisado que la riña “no empezó por un problema con una tubería”, sino que “había desavenencias porque el fallecido estaba acosando a la hija menor de uno de los acusados”.
Por otro lado, el abogado Antonio Revuelta, defensor de otros cuatro procesados, ha reiterado que solicitan la absolución porque “no hay absolutamente ni una sola prueba directa de qué persona fue la que dio esa puñalada desgraciadamente mortal”, y ha sostenido que “las declaraciones de los familiares de la víctima son absolutamente inconsistentes, incongruentes y contradictorias”, motivo por el que sus representados “desde el primer día están en libertad”.
Revuelta ha coincidido en que el origen de la pelea “no es por una gotera”, sino por el “acoso directo de la propia víctima a los hijos de uno de los acusados”.