La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha expresado su satisfacción por el anuncio del Gobierno de sacar adelante “en junio” la creación de 500 nuevas plazas de jueces, con el objetivo de reforzar principalmente los tribunales de instancia, así como otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo.
La portavoz de la AJFV, Marien Ortega, ha explicado que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, les ha trasladado la “previsión de publicar el decreto de creación en el mes de junio” durante la reunión mantenida este lunes, en la que la asociación ha reclamado celeridad en la tramitación.
Ortega ha subrayado que permanecerán “pendientes” de que se respeten “los tiempos marcados” por el Ministerio, y ha “celebrado” que Bolaños les haya comunicado la “intención” de “convocar ese número aproximado de plazas en turno libre durante los próximos tres años”, lo que permitiría ir incorporando progresivamente a los nuevos jueces.
Asimismo, la asociación ha planteado al ministro la “conveniencia de que se constituya la comisión de seguimiento de los Tribunales de Instancia” con el fin de “explorar” “dónde ha funcionado mejor la implantación” de este modelo y “aportar soluciones” en aquellos territorios donde se estén detectando “más problemas”, según ha indicado la portavoz.
Justicia ya había avanzado en una nota de prensa difundida el 26 de enero que se trataba de la mayor creación de plazas judiciales “en un solo año” de la historia judicial española, y defendió que supone “un hito más en la ambiciosa transformación impulsada” para lograr “un servicio público más ágil, eficiente y cercano”.
El departamento que dirige Bolaños vinculó esta decisión a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que incorpora un “nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente” al sustituir los antiguos juzgados unipersonales, integrados por un solo juez y su plantilla de funcionarios, por tribunales de instancia, órganos colegiados compuestos por varios jueces que comparten una única oficina judicial de apoyo técnico.
Según el Ministerio, este esquema permite habilitar una plaza judicial sin necesidad de poner en marcha un juzgado completo, con un coste aproximado de 100.000 euros, mientras que la creación de un juzgado tradicional “costaba alrededor de 500.000 euros”.