La Asociación de Fiscales (AF) ha solicitado a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que “haga público el decreto por el que acuerda el reingreso” de Álvaro García Ortiz, su antecesor en el puesto, en la carrera fiscal. La organización sostiene que dicha resolución es “de interés general” y que “trasciende al régimen propio” del Ministerio Fiscal, por lo que su difusión resulta imprescindible.
En una misiva enviada a Peramato y recogida por Europa Press, la asociación mayoritaria subraya que “el decreto dictado debe contener la motivación propia de toda resolución, sea esta judicial o administrativa, exigencia acentuada cuando se toman decisiones discrecionales dado es la única forma de excluir la arbitrariedad”.
La AF insiste en que “debe ser una motivación que atienda a la entidad del delito cometido, es decir, a la trascendencia del mismo que en este caso es pluridimensional. Su importancia deriva no solo de la infracción del ordenamiento jurídico por quien tenía la obligación funcional y de origen constitucional de preservarlo quebrantando el deber de reserva de datos conocidos en el ejercicio de sus funciones, con ser ello grave”.
Según la asociación, la conducta de García Ortiz “además ha laminado la credibilidad del Ministerio Fiscal y la confianza de los ciudadanos” en la institución. “Para sanar estas heridas” y “para emprender esa nueva andadura” a la que Peramato se refirió en la reunión que mantuvo el pasado lunes con las asociaciones de fiscales, la AF recalca que resulta imprescindible hacer público el decreto de reingreso.
Difusión del decreto y alcance jurídico
La nota de la AF recuerda que, al día siguiente de ese encuentro, “numerosos medios de comunicación se hicieron eco” del decreto que autorizaba el retorno de García Ortiz a la carrera fiscal y su adscripción a la sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo. El ex fiscal general fue condenado a dos años de inhabilitación solo para el cargo de fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos.
La asociación explica que “la noticia no fue desmentida por la Fiscalía General del Estado” ni por la propia Peramato. “Entendimos que durante el día de ayer tal decreto se haría público por referirse a una cuestión no solo de enorme trascendencia mediática por ser de interés público, sino porque además las noticias publicadas se refieren a una doctrina jurídica que sería de aplicación general a todos los miembros del Ministerio Fiscal”, añade la AF.
Asimismo, la organización indica que “hemos podido conocer por la prensa que se ha llevado a cabo un estudio del alcance del concepto delito doloso por la inspección fiscal para determinar si la condena de García Ortiz, producida por sentencia de 9 de diciembre de 2025 y en aplicación de lo dispuesto en el Estatuto del Ministerio Fiscal así como en el reglamento, conlleva o no la pérdida de su condición de fiscal”.
La AF da por hecho que, “dado que esta es la forma reglada, que ese estudio cristalizó en una propuesta de resolución y que sobre la base de tales actuaciones” Peramato “dictó el decreto de reingreso y adscripción”. Por ello, reclama que el documento se haga accesible para garantizar transparencia y claridad sobre los criterios aplicados.